España, 06 julio; poderycritica.-La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a México del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en su país.
En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país.
Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de «operaciones con recursos de procedencia ilícita», que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.
El presunto fraude se habría producido en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.
El 13 de febrero fue enviado a prisión mientras se tramitaba la extradición, a la que finalmente no se opuso.
Según la resolución, antes de ocupar el cargo de director de la petrolera paraestatal Pemex entre 2012 y 2016, Lozoya se comprometió «a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país» con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como «el rey del acero» y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.
A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.
De ese modo, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó cinco transferencias por importe de 3.4 millones de dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la sociedad mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era Lozoya, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.
Las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se llevaron a cabo cuando Lozoya formaba parte del gabinete de transición de Peña Nieto como presidente electo, en el que estuvo del 4 de septiembre al 20 de noviembre.
En diciembre de 2013, en su calidad de director general de Pemex, Lozoya propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.
Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente la petrolera adquirió el inmueble por 264 millones de dólares, además de que tuvo que invertir otros 450 millones dólares en rehabilitar el espacio.
La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta al año 2009 cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios.
A cambio de la ayuda, Lozoya solicitó al directivo de Odebretch que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI.
Por ello, la constructora brasileña realizó en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta ocho transferencias por un total de 4 millones de dólares a las empresas «Latin América Asia Capital Holding LTD» y «Zecapan S.A.», vinculadas al reclamado o a su familia.
«Parte de dicha cantidad se destinó el día 23 de agosto de 2013, a la compra de un inmueble por 1.9 millones de dólares en el Estado de Guerrero en la República Mexicana por la esposa del reclamado, Marielle Helen Eckers», señala la documentación de extradición.
Además, la resolución explica que, como director general de Pemex, el reclamado, en el año 2013, otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mexicanos para obras en la antigua refinería de Tula.
Este acuerdo debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, pero la constructora se comprometió a pagarle 6 millones de dólares a cambio del otorgamiento de esta obra que finalmente la constructora brasileña obtuvo al firmar el contrato de obra pública en febrero de 2014.
De dicha cantidad, al reclamado le fueron abonados un total de cinco millones de dólares, mediante 5 transferencias entre 2013 y 2014 a la cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la empresa Zecapan S.A.
