PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Desde que asumió la alcaldía de Felipe Carrillo Puerto en 2021, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, convirtió el municipio maya en el laboratorio de una gestión que multiplica presupuestos mientras multiplica irregularidades. Reelecta en 2024, con el segundo periodo arrancado el 30 de septiembre de ese año, la alcaldesa morenista administra ahora recursos que, sumados en cinco años, superan los 3 mil 500 millones de pesos. El discurso oficial habla de humanismo y austeridad. Los números, las auditorías y el cambio de estilo de vida de su círculo cercano cuentan otra historia: la de un poder familiar que usufructúa la obra pública mientras la pobreza y el abandono persisten en las comunidades.
La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública 2024, detectó presuntos daños a la hacienda pública federal por 27.7 millones de pesos. De una muestra de alrededor de 52 millones en recursos federales (FAISMUN, Fortamun y participaciones), más del 53 por ciento presentó observaciones. Más de 3 millones corresponden a compras de bienes sin acreditación de entradas a almacén ni recepción formal. Más de 24 millones se vinculan a obras de pavimentación, ampliación de redes de agua y construcción de calles de terracería con carpeta asfáltica: faltaron pruebas de laboratorio suficientes, reportes fotográficos georreferenciados y controles de compactación o espesor. La documentación presentada por el municipio fue rechazada. Los señalamientos siguen abiertos, es una saqueadora y corrupta que lo lleva en la sangre y su familia es cómplice silente.
A esto se suma el presunto “espejismo contable” de más de 317 millones de pesos: contratos de ejercicios anteriores utilizados para justificar gastos de obra pública en 2025. Líderes ejidales y medios locales exigen auditorías más profundas de la Auditoría Superior del Estado y de la Unidad de Inteligencia Financiera; no hay manera de esconder el escandaloso saqueo y Morena en esta elección interna debe de extirpar esos tumores que la están llevando a la tumba electoral.
Investigaciones periodísticas locales documentan la asignación reiterada de contratos millonarios a empresas vinculadas con exfuncionarios o allegados. Grupo Maca Quintana Roo (también referida como AMZA Energy), representada por José Alberto Mares Zavala —socio de un exresidente de obras públicas del ayuntamiento—, recibió contratos que suman montos significativos: más de 4 millones en 2022 por mobiliario y equipo, y señalamientos posteriores que elevan la cifra a más de 14 millones en distintos rubros, incluidos baños y saneamiento en comunidades mayas.
T Capital Corp aparece en reportes de pavimentación con lazos de parentesco o sociedad entre supervisores municipales y apoderados de las empresas. Las constructoras de la familia Madrid Guzmán —Construcciones Dalbah y Maype Construcciones— obtuvieron varios millones entre 2023 y 2024 para techos firmes y pavimentación, algunos reportados en ejercicios posteriores. AYCAS y otras empresas de reciente creación o con giros ajenos a la obra pública recibieron adjudicaciones casi simultáneas en Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.
El núcleo de las acusaciones de colusión gira en torno a David Hernández Solís, hermano de la alcaldesa y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo. Previamente uno de los consejeros estatales más votados por el Distrito 02, fue expareja de Yensunni Martínez Hernández, alcaldesa de Othón P. Blanco. Durante el matrimonio fungió como presidente honorario del DIF de esa demarcación. Medios locales lo señalan como el enlace que negociaba contratos de infraestructura aprovechando el acceso a ambos ayuntamientos. Tras la separación, Yensunni contrajo nuevas nupcias a inicios de 2026, David permaneció en la estructura partidista. Denuncias de contratistas describen un esquema de “licitaciones cruzadas” en el que el mismo grupo de proveedores se turnaba preferencias en ambos municipios, sumando ganancias superiores a los 21 millones de pesos en techados, pisos firmes e instalaciones eléctricas.
La red se completa con la madre de la alcaldesa, María del Carmen Solís Sánchez, quien ocupa la presidencia honorífica del DIF municipal de Felipe Carrillo Puerto. Los opositores afirman que esta estructura integrada por la dirigencia partidista, alcaldías y cargos de asistencia social generó un blindaje que dificultó la fiscalización real de los recursos.
Mientras el municipio, uno de los más pobres de Quintana Roo, enfrenta rezagos en infraestructura básica, caminos y servicios, el círculo cercano registra un cambio acelerado de estilo de vida. Los ingresos declarados no explican el ritmo de las adquisiciones.
En el discurso oficial, Mary Hernández presenta informes con cientos de acciones de obra (567 acumuladas según su segundo informe), parques, mercados y apoyos sociales. La oposición, incluido el PRD en su momento, promovió recursos por supuesto uso indebido de recursos y promoción personalizada; el Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó en marzo de 2024 que las conductas eran inexistentes por falta de sustento.
En las calles la realidad es otra. En pleno recorrido promocional, acompañada por un centenar de seguidores, la alcaldesa ingresó a una instalación comunitaria. Una vecina le recordó que en sus primeros cien días prometió un parque ecológico. Otro habitante se sumó: siguen aguardando. Hernández se rascó la nariz, miró fijamente y se retiró sin articular palabra. No hubo justificación ni promesa renovada. Solo la huida. Ese gesto resume el estilo de gobierno desde 2021 y profundizado tras la reelección: la distancia entre el discurso y el deterioro de las calles, el alumbrado deficiente y los servicios que fallan.
El Albergue Estudiantil Felipe Carrillo Puerto ilustra el mismo patrón. Cristián Eliseo Alfonso Ek, estudiante del Tecnológico Superior y responsable del espacio, documenta más de un año de solicitudes sin respuesta concreta. Jóvenes de comunidades lejanas piden mantenimiento, servicios básicos, alimentación y mobiliario. Quieren que la alcaldesa visite y dialogue. El silencio oficial ha sido la única política pública hacia quienes intentan construir un futuro profesional en medio de la precariedad. El albergue se sostiene en buena medida por la lucha estudiantil y el respaldo de organizaciones como Antorcha.
En redes sociales se despliega otra batalla. Usuarios y vecinos denuncian perfiles falsos dedicados a aplaudir cada gesto municipal y a hostigar voces críticas. Testimonios de presuntos trabajadores del Ayuntamiento afirman que existiría la exigencia interna de publicar elogios desde cuentas personales. Llenar de likes una publicación no repara una calle ni restablece la confianza perdida.
Hasta octubre de 2026 las autoridades contabilizan 38 víctimas reportadas como desaparecidas en el municipio; más de la mitad continúan sin localizar. Colectivos de madres buscadoras y fuerzas de los tres órdenes de gobierno intensifican operativos en la Zona Maya. Entre los casos más recientes: Gloria Marisol Cahun Che, de 15 años, desaparecida en Tepich bajo Alerta Amber; Josué Vladimir Che Yama, de 30; José Valentín Valle Caamal, visto por última vez el 3 de octubre; y Joselito de la Cruz López junto con José Guillermo Ake Cocom, quienes salieron el 6 de octubre a una diligencia y no regresaron. Se ofrecen recompensas de hasta 750 mil pesos y se despliegan búsquedas terrestres en localidades como Los Planes tras el hallazgo de vehículos abandonados.
Mientras la alcaldesa cabalga en la feria tradicional de Tixméhuac, Yucatán en Felipe Carrillo Puerto las madres siguen buscando entre la maleza y el silencio institucional. La transformación anunciada con bombos y platillos dejó intacta la herida más profunda: la de quienes ya no están y de quienes aún esperan respuestas.
Con denuncias por enriquecimiento ilícito, cohecho, nepotismo y uso indebido de recursos federales que le pisan los talones, Mary Hernández se inscribió como candidata a la diputación federal por el Distrito 2 con lo que busca el fuero. Ya no le basta con el control del municipio maya; ahora pretende extender su sombra hacia Chetumal, Bacalar, José María Morelos y Tulum. David Hernández se perfila hacia la presidencia municipal de Chetumal. Otros familiares aparecen mencionados en listas de posibles candidaturas.
La crítica más profunda apunta a la doble moral de Morena: mientras el partido predica “no robar, no mentir, no traicionar”, una familia concentra alcaldías, posición en la dirigencia estatal y ahora aspira a diputaciones. En la Zona Maya, donde la pobreza persiste y las obras a menudo carecen de calidad o comprobación, el rechazo se expresa en denuncias de líderes ejidales, reportajes locales y el contraste entre los lujos del poder y las carencias cotidianas.
Los órganos fiscalizadores aún deben responder con claridad si los millones manejados y las redes tejidas alrededor de su figura representan la transformación prometida o la consolidación de un poder familiar que opera con total impunidad en el corazón maya de Quintana Roo.
Los reclamos y las mentadas de madre en los recorridos son cotidianos. La corrupción opaca las nuevas promesas. Y la impunidad parece ser el único combustible que aún alimenta esta carrera.
