México, 17 de Noviembre, poderycritica.- De acuerdo con una carpeta informativa que registra algunos de los trabajos de inteligencia realizados por cuerpos de seguridad del Estado mexicano hasta julio de este año,tiene copia, desde el principio de 2014 se detectó que 12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, ya por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas.
Catalogados como “objetivos de atención especial”, a fin de vigilar meticulosamente sus actividades cotidianas y sus relaciones —debido a sus posibles nexos con cárteles del narcotráfico—, ocho presidentes municipales pertenecen al PRD y cuatro al PRI. Y de los 12, dos ya han sido capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.
Y sí, detrás de la mayoría de estos alcaldes, ha habido historias e imputaciones.
Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente municipal del PRD en Teloloapan, con posibles vínculos con el cártel de La Familiamichoacana.
Sobre este alcalde circuló al inicio de su gestión, en octubre de 2012, un video donde un grupo de criminales de la organización con la que se le vincula lo secuestra momentáneamente, lo interroga en una camioneta y lo obliga a comprometerse con el cártel al que se le asocia. Posteriormente fue entrevistado por MILENIO, aceptó que en la zona de su municipio pudiera haber presencia del narco y trasiego de droga, pero rechazó que él, a pesar de las amenazas, formara parte del crimen organizado.
Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal del PRD en Cuetzala del Progreso, con posibles vínculos con la el cártel de La Familiamichoacana.
Este hombre fue detenido por la PGR el pasado 8 de abril, precisamente por supuestos vínculos con el crimen organizado, además del delito de secuestro. El 17 del mismo mes se le dictó auto de formal prisión. El perredista sufrió al menos un ataque de un grupo armado durante su gestión, padeció un secuestro perpetrado por criminales, “por narcos” que lo amenazaron, según dijo, y advirtió en alguna ocasión que si los gobiernos estatal y federal no le brindaban protección pediría licencia.
Efraín Peña Damacio, presidente municipal del PRD en Apaxtla de Castrejón, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
Durante una reunión en el Congreso guerrerense con la organización Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el diputado federal perredista, Marino Miranda Salgado, denunció meses atrás que el grupo de autodefensa del municipio, autodenominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), encabezado por el alcalde, está infiltrado por el grupo delictivo Guerreros Unidos. El diputado afirmó que anteriormente La Familia michoacana dominaba la zona, hasta que llegaron ahí los de Guerreros Unidos. Según el legislador, en declaraciones recogidas por la prensa local, la guerra entre cárteles dejó decenas de muertes, desapariciones, secuestros, extorsiones y desplazamiento de pobladores a causa de la inseguridad, lo que llevó a la población del lugar a conformar un grupo de autodefensa encabezado por su presidente municipal, organización que habría sido penetrada por criminales.
Salomón Majul González, presidente municipal del PRI en Taxco, con posibles vínculos con el cártel local Guerreros Unidos.
En Taxco, nada más en lo que va del año, han sido descubiertas fosas con 32 cadáveres, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Guerrero. El año pasado ocurrió algo similar, cuando fueron halladas siete fosas clandestinas. Aun así, no hay una imputación ministerial que se conozca contra el edil. Sobre este alcalde son algunos medios guerrerenses los que han recogido denuncias acerca de sus supuestos vínculos que con criminales, y la protección que daría, junto con sus policías, a miembros de Guerreros Unidos. Luego de los hechos de Iguala, y de que surgieron nuevas imputaciones contra el alcalde, el oficial mayor del ayuntamiento, Raúl Burgos Ocampo, expresó al diario El Sur de Acapulco que “el presidente municipal está en la mejor disposición de que se abra alguna línea de investigación por parte del gobierno federal con relación a los señalamientos que se han vertido sobre vínculos con la delincuencia”.
