Mérida, Yucatán, 16 abril; poderycritica.-Yucatán tiene desde ayer viernes un Sistema Estatal Anticorrupción que implica la creación de una Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Se establece que el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado deja de ser parte del Poder Judicial para ser autónomo, y desaparece el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública para quedar como Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Ayer el Congreso del Estado aprobó las iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de combate a la corrupción y de transparencia, y asimismo las relativas al ámbito de ministerio público. En la misma sesión el Poder Legislativo autorizó al Poder Ejecutivo a monetizar y afectar participaciones federales, como garantía y fuente de pago de un empréstito por hasta mil 500 millones de pesos; de lo que informamos en nota aparte. Las tres disposiciones corresponden a iniciativas enviadas por el gobernador Rolando Zapata Bello como parte del programa Escudo Yucatán.
Respecto de la iniciativa de reforma a la Constitución local en materia de combate a la corrupción y transparencia, se establece la creación de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuyo titular será nombrado por 17 de los 25 diputados locales, y que dependerá de la Fiscalía General del Estado.
Estipula que el actual Tribunal Justicia Fiscal del Estado deja de ser parte del Poder Judicial para ser autónomo, modificando su nombre a Tribunal de Justicia Administrativa, otorgándole independencia, y sus tres magistrados se integran como sujetos de juicio político y para la procedencia del juicio político.
Se indica que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción queda conformado por un Comité Coordinador del Sistema y un Comité de Participación Ciudadana Estatal, se establecen las conductas sujetas, a responsabilidad administrativa grave y no grave, así como de los particulares que participen de actos de corrupción.
De la misma forma se establece como obligatoria la declaración patrimonial y se incorpora la figura de la declaración de conflictos de intereses para los servidores públicos.
En cuanto a la transparencia, la iniciativa aprobada confiere al Congreso del Estado la facultad de nombrar a los comisionados del nuevo Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a los integrantes de su consejo consultivo.
Dicho organismo tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión o a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de estos, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos estatales, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal.
Las modificaciones legales también estipulan que el nuevo organismo en materia de transparencia se integrará por tres comisionados designados por 17 de los 25 diputados locales, y cuyo periodo en el cargo será por siete años.
Se establece que los comisionados no podrán ser reelectos ni tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. De la misma forma este instituto contará con un consejo consultivo integrado por seis consejeros cuyos cargos serán honoríficos. Los consejeros serán elegidos por el Congreso del estado para un período de dos años y no podrán ser reelectos.
En cuanto a las modificaciones a la Constitución local en materia de ministerio público, se establece la extinción de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado y el traslado de la función policial investigadora a la Secretaría de Seguridad Pública. Se precisó que la policía encargada de la investigación de los delitos no estará adscrita a la Fiscalía General del Estado, pero esta dependencia si coordinara la investigación.