PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El entramado de corrupción que Rafael Hernández Kotasek tiene al interior del Instituto de Movilidad del Estado (IMOVEQROO), ya no solo se exhibe en las redes sociales, ya tocó las puertas del Congreso local y nadie frena lo que se vaticina será un fracaso en el sistema de transporte quintanaorrense como lo hizo en el vecino estado de Yucatán después de haber dirigido la Agencia de Transporte de Yucatán, donde impulsó el sistema Va y Ven.
En el estado vecino, su gestión dejó una herencia financiera cuestionada por la administración que lo sucedió. El actual titular de la Agencia de Transporte yucateca reportó una deuda de aproximadamente 1,700 millones de pesos contraída para infraestructura relacionada con los Centros de Transferencia Modal, además de un déficit operativo mensual estimado en 206 millones de pesos, equivalente a entre 2,400 y 2,600 millones anuales.
El esquema de pago por kilómetro recorrido, independiente de la demanda real, generó críticas por beneficar a concesionarios con proyecciones de ingresos que no se cumplieron: se habló de una recaudación esperada de 1,600 millones de pesos en un año, pero las cifras reales apuntaron a un máximo cercano a 900 millones.
El gobierno de Joaquín Díaz Mena calificó la situación de “herencia maldita” y “boquete financiero”, con auditorías que detectaron irregularidades, aunque hasta la fecha no se han judicializado acciones penales directas contra Hernández Kotasek. En sus últimos días en el cargo firmó un reglamento que autorizaba publicidad en las unidades del sistema, un negocio potencial que generó sospechas de opacidad en contratos.
Ese trasfondo de control del transporte público, opacidad financiera y presunto beneficio a intereses privados se trasladó a Quintana Roo bajo el discurso de modernización. Desde su llegada, organizaciones civiles, agrupaciones de transportistas y ciudadanos han denunciado que los inspectores del IMOVEQROO, operando bajo sus órdenes, realizan revisiones arbitrarias con un enfoque meramente recaudatorio.
En Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres se reportan retenes donde se detienen unidades y se exigen pagos en efectivo, los “moches” van desde 3,000 o 5,000 pesos hasta 25,000 o incluso 35,000 pesos, a cambio de liberar vehículos o evitar infracciones formales. Mototaxistas y choferes locales son los principales afectados: testimonios hablan de cobros de 500 pesos por “regularización” que nunca se concretó, o de cuotas recurrentes conocidas como “la cuarenta”. Videos y denuncias públicas han captado a inspectores en vehículos oficiales intentando negociar sin entregar boletos de infracción. El instituto ha respondido que los operativos se ajustan a la ley, priorizan la seguridad vial y sirven como pruebas para el nuevo modelo de movilidad, pero los afectados los califican de “cobro de piso” institucionalizado.
La primera voz de alerta fue la denuncia sobre manipulación de documentos el pasado 7 de octubre de 2025 durante una comparecencia en el Congreso del Estado. Un ciudadano identificado como Iván López acusó públicamente a IMOVEQROO de alterar padrones sindicales para introducir concesiones de taxi firmadas presuntamente en septiembre de 2016 con la rúbrica del exgobernador Roberto Borge Angulo.
Según la acusación, estas se imprimirían desde la delegación de Tulum y podrían alcanzar unas 300 unidades. Hernández Kotasek ha negado haber recibido denuncias formales por duplicación de concesiones y asegura que no existen pruebas. En paralelo, se ha señalado la circulación de licencias de conducir apócrifas o “exprés” expedidas al margen del sistema oficial, con cobros de alrededor de 1,800 pesos que evadían exámenes y requisitos.
En el ámbito presupuestal, el diputado de Movimiento Ciudadano José Luis Pech Várguez ha concentrado las críticas más contundentes durante las glosas del informe de gobierno de Mara Lezama y las discusiones del paquete fiscal. Denunció que el gobierno estatal actúa como “enemigo fiscal” de los ayuntamientos al concentrar en IMOVEQROO ingresos que antes pertenecían a los municipios, particularmente por la expedición de licencias de conducir.
Solo en un periodo se captaron más de 300 millones de pesos de esos derechos, 173 millones solo de Benito Juárez, recursos que, según Pech, no se reflejan en mejoras visibles de calles, infraestructura vial ni condiciones de transporte.
Además cuestionó con dureza los planes de foto-multas estatales, equiparándolos a un esquema recaudatorio eliminado en la Ciudad de México, y puso bajo la lupa los 1,832 millones de pesos previstos para el primer año del nuevo Sistema de Transporte Público Integral (MOBI o Sitqroo).
Alegó opacidad en el manejo de esos fondos, acusó que se pagan estudios y proyectos millonarios a empresas ligadas a funcionarios, y habló de una “forma novedosa de robar” al concentrar bolsas de recursos mientras los resultados no llegan a la ciudadanía. El legislador ha votado en contra de reformas a la Ley de Movilidad que centralizan facultades en el instituto y permiten compromisos financieros de largo plazo de hasta 30 años sin ratificaciones periódicas.
Transportistas temen que MOBI, presentado como modernización con pago electrónico, flotas nuevas y rutas reordenadas, se convierta en fachada para beneficiar a operadores específicos y ya se menciona la posible entrada de empresas como ADO para desplazar a concesionarios locales mediante presiones económicas y la amenaza de revocación de rutas a quienes no migren al nuevo modelo.
El instituto argumenta que el costo de casi 1,832 millones de pesos en 2026 se cubrirá con recursos propios del fideicomiso de operación, sin aportaciones adicionales del estado, y que el sistema integrará incluso a mototaxistas como transporte de última milla. Sin embargo, la centralización de facultades, la herencia de prácticas recaudatorias y la continuidad de denuncias de extorsión en retenes alimentan la percepción de que el organismo funciona como “caja chica” del gobierno. Señalamiento adicional apunta a un control sobre el negocio de grúas, con cobros inflados y remolques injustificados coordinados entre autoridades y empresas privadas.
Hernández Kotasek ha rechazado sistemáticamente la participación de su personal en actos ilícitos, ha enfatizado los candados de seguridad y ha insistido en que los operativos buscan orden y preparación para el nuevo sistema.
La tensión entre la narrativa de transformación de la movilidad y las voces que denuncian continuidad de esquemas de control, recaudación arbitraria y opacidad define el momento actual del transporte en la entidad, con el riesgo de que las promesas de eficiencia se diluyan en la misma lógica de poder y recursos que ha caracterizado históricamente al sector. Atrás de este nuevo instituto, se encuentra la mafia que secuestro a Morena y que tiene el control de los recursos del estado manejándolos como si fueran de su propiedad y orando una gran r4ed de extorsión nunca antes vista en la administración pública estatal.
Ya se advirtió, Hernàndez Kotasek llevó a la quiebra el Sistema de Transporte en en Yucatán, lo mismo se dice de MOBi y eso que después de un año de3 estudios y más de 500 millones pagados para hacerlo realidad aún no despega en todo el estado y sigue en fase de pruebas en Chetumal y Cancún.
