Una jueza de Control del Segundo Distrito Judicial vinculó nuevamente a proceso a la extesorera de la Universidad Autónoma del Carmen, M.L.G.H., por su presunta responsabilidad en el desvío de 52 millones 347 mil pesos del presupuesto universitario entre 2019 y 2021, al detectarse contratos simulados y pagos sin comprobar a empresas fachada.
En la audiencia celebrada este viernes, la Fiscalía Anticorrupción del Estado presentó 34 datos de prueba, entre ellos auditorías del Órgano Interno de Control de la Unacar, estados de cuenta y dictámenes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que acreditaron transferencias a tres personas morales sin domicilio fiscal ni capacidad técnica: Constructora Insular del Golfo, Servicios Integrales Koral y Comercializadora Peninsular MAY. Los recursos provenían de partidas federales para infraestructura y nómina.
La imputada ya había sido vinculada en septiembre de 2024 por peculado y uso ilícito de atribuciones, pero obtuvo amparo para efectos. Tras reponerse el procedimiento, la jueza Ana Luisa Rodríguez Magaña resolvió que existen elementos suficientes para sujetarla a proceso por los delitos de peculado agravado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como medidas cautelares, se ratificó la prisión preventiva justificada en el Cereso de Kobén, ante riesgo de fuga y posible afectación a testigos. También se decretó embargo precautorio sobre dos inmuebles en Ciudad del Carmen y un vehículo de lujo, para garantizar la reparación del daño. El plazo para cierre de investigación complementaria se fijó en cuatro meses.
La actual administración de la Unacar, encabezada por el rector José Antonio Ruz Hernández, informó que el quebranto detectado en 2022 derivó en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en la presentación de 11 denuncias ante la FGE. De los 52 millones, solo se han recuperado 6.1 millones mediante aseguramientos.
La defensa de la extesorera, el abogado Rafael Quijano, adelantó que apelará la vinculación y sostuvo que su clienta firmó por instrucción de “superiores jerárquicos”. La Fiscalía señaló que hay dos exfuncionarios más con orden de aprehensión pendiente, entre ellos un exdirector de Administración.
El caso es el mayor escándalo financiero en la historia de la Unacar y mantiene a la institución bajo vigilancia especial de la ASF desde 2023. La próxima audiencia será el 12 de septiembre para revisión de medidas cautelares.
