PODER Y CRÍTICA | De acuerdo con la información recabada, tres exfuncionarios de los Servicios Estatales de Salud Quintana Roo (Sesa) fueron vinculados a proceso, se les imputa haber entregado 30 millones de pesos a una privada por un servicio que jamás brindó.
Con base en la información preliminar, se trata de Juan Ortegón Pacheco, ex director de Sesa, hasta el año 2016; Raúl Aguilar Laguardia, ex director Administrativo; y Jesús Raúl Mezquita Mayora, quien fungió como subdirector de Recursos Materiales en esa dependencia estatal.
Fueron más de 14 horas lo que duro la audiencia ante el juez, celebrada el pasado 10 de diciembre del presente año.
Cabe mencionar que en dicha audiencia, el juez de control encontró las evidencias suficientes para delegar las responsabilidades a los tres exfuncionarios públicos, e imputarles por el delito de peculado en agravio de los Servicios Estatales de Salud, un organismo del Estado responsable del manejo de los recursos federales que se transfieren a Quintana Roo.
Dadas las evidencias recabadas, los hechos trascendieron en el año 2015, cuando el organismo pagó por un servicio «fantasma».
Con base a los datos recabados, a los tres exfuncionarios se les embargaron cuentas bancarias y bienes, además de que se les ordenó acudir a firma periódica cada 30 días ante el juzgado y no salir del país.
Así mismo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá 4 meses para terminar la investigación que inició.
Estas denuncias penales que fueron presentadas en Quintana Roo en contra de exfuncionarios, fueron de las primeras tras el cambio de administración estatal.
Incluso, la carpeta de investigación que fue judicializada corresponde a la FGE/QR/OPB/12/1394/2017, abierta en una primera instancia por la Fiscalía General del Estado, previo a la existencia de la Fiscalía Anticorrupción.
En su oportunidad, el Congreso de Quintana Roo ordenó a la Auditoría Superior del Estado una revisión adicional a las cuentas públicas de diversos organismos, entre ellos los Servicios Estatales de Salud.
Al final, la auditoría encabezada actualmente por Manuel Palacios Herrera encontró como resultado, presuntos y perjuicios “al patrimonio del Ente por el orden de 347.5 millones de pesos”, que derivaron posteriormente en diversas denuncias penales.
