Con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la LXVII Legislatura de Veracruz aprobó este 25 de septiembre la reforma al primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado para eliminar la declaración de procedencia —el llamado fuero— a presidentes municipales, síndicos y concejos municipales.
La iniciativa, presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el 17 de septiembre y dictaminada en solo 11 días por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, retira a los ediles de la lista de servidores que requerían autorización legislativa para enfrentar un proceso penal. Ahora la Fiscalía General del Estado podrá investigar, girar órdenes de aprehensión y ejercer acción penal de forma directa, sin aval previo del Congreso.
El dictamen aclara que la medida no implica separación automática del cargo: los alcaldes conservan debido proceso y presunción de inocencia. El argumento del Ejecutivo es distinguir entre autonomía municipal y protección personal, y evitar que el trámite político frene la justicia. La reforma toma como modelo a estados como Puebla, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, donde ya no existe fuero municipal.
Nahle justificó la propuesta por dos alcaldes de Movimiento Ciudadano prófugos —Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván— y el caso del alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez, investigado por lesiones con arma de fuego a una menor.
La oposición advirtió que la eliminación vulnera autonomía y garantías para la alternancia política, y podría usarse como herramienta de persecución. El decreto da 60 días al Congreso para armonizar leyes secundarias.
