México, 17 de Octubre;poderycritica. (Notimex).- La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados solicitará a las autoridades federales el pago del fondo de ahorro a ex braceros pues el fideicomiso creado para ello aún tiene 700 millones de pesos disponibles.
Además pedirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados atender el exhorto emitido por un juez para que se cubra el adeudo.
También acordó por unanimidad proponer a la Comisión de Presupuesto una partida por mil 523 millones 306 pesos al Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales.
Ello con el propósito de liquidar adeudos a 40 mil 87 campesinos que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, y no fueron incluidos en las primeras listas de beneficiarios por falta de presupuesto a pesar de que ganaron un amparo.
En reunión de trabajo la presidenta de esa instancia legislativa, Amalia García Medina, expuso que se ha obstaculizado el proceso de entrega de ese ahorro debido a los constantes cambios del titular del fideicomiso, pese a que los favorecidos están acreditados con el folio y cumplen con todos los requisitos.
Explicó que el fideicomiso tiene recursos manejados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para cubrir el adeudo de las primeras listas.
Respecto al amparo emitido por el Tercer Tribunal del Primer Circuito Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo fallo del 27 de marzo favorece a ex braceros, dijo que “la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados está obligada a responder formal y legalmente a esa decisión”.
Detalló que “los ex trabajadores ganaron el amparo RA-160/2013 en que el Poder Judicial de la Federación reconoció su derecho y concedió que debe ampararse a los más de 40 mil afectados. Se condena al Estado mexicano a pagarles, para que el titular del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados den cumplimiento porque había afectados”.
Ante ello, indicó la legisladora del PRD, la comisión propone una partida por mil 500 millones de pesos para cumplir con el fallo del juez.
Llamó a la sensibilidad y comprensión, ya que “se trata de personas de edad muy avanzada y enfermas, con el riesgo de perder la vida sin que haya sido reconocido su derecho”.
Gerardo Xavier Hernández Tapia, representante del PRI, aseguró que su grupo “está totalmente dispuesto a apoyar a los ex braceros y que se dé cumplimiento del mandato del juez”.
Raúl Gómez Ramírez, de Acción Nacional, lamentó que no se haya incluido en la propuesta del Presupuesto de Egresos 2015 una partida para cumplir con este compromiso humano, laboral y social.
Sostuvo que todavía existen 40 mil 87 ex braceros que no han recibido nada, los cuales interpusieron un amparo y lo ganaron.
En su intervención la perredista Socorro Ceseñas Chapa advirtió que “es un compromiso que, está demostrado, no se ha cumplido, y hasta que no se pague el último centavo el fideicomiso estará vigente”. Propuso que los ex braceros sean considerados un grupo vulnerable.
Por otra parte, la instancia legislativa avaló la opinión respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 que entregará a la Comisión de Presupuesto en donde presenta diversas modificaciones al proyecto.
Propone cambios a diversos programas de la Secretaría de Salud como Fortalecer la Atención a Familias y a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia; para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, y de Servicios de Atención a la Protección a Población Vulnerable.
También de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales), de Desarrollo Social (Programa 3X1 para Migrantes) y de Hacienda (ampliación del Fondo de Apoyo al Migrante), y propone más recursos para los servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos.
Para el Fondo de Apoyo a Migrantes planteó un aumento presupuestal a fin de que se reintegren a la vida productiva de su comunidad, a través de la entrega de 50 mil pesos a cada uno ya que en la actualidad se les entregan 15 mil.
Además acordó emitir una opinión favorable a la conveniencia de que se constituya un fondo adicional para apoyar a los estados fronterizos por los que ingresan al país migrantes mexicanos deportados por el gobierno estadounidense.