El sistema penitenciario de Veracruz enfrenta una crisis de espacio que obligó al traslado de 1,149 personas privadas de la libertad a cárceles de otras entidades. La medida busca descomprimir centros que operan por encima de su capacidad y donde persisten condiciones de autogobierno y violencia.
De acuerdo con la Estadística Penitenciaria Mensual y el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, Veracruz cuenta con 6 mil 946 espacios disponibles pero alberga más de 8 mil 700 internos, lo que representa una sobrepoblación promedio de 26 por ciento, ubicando al estado en el octavo lugar nacional con mayor saturación.
La situación no es homogénea. Penales como Chicontepec reportan hasta 142 por ciento de sobrecupo, Jalacingo 113 por ciento, Tantoyuca 98 por ciento y Pánuco 126 por ciento. Amatlán y Pacho Viejo en Xalapa también superan el 50 por ciento. En contraste, centros como Zongolica, Acayucan y Huayacocotla operan por debajo de su capacidad, pero no compensan el déficit general.
La gobernadora Rocío Nahle reconoció la problemática tras el motín de Tuxpan del 2 de agosto que dejó nueve fallecidos y anunció un proyecto para 2026 de construir dos nuevos penales, uno de mediana y otro de máxima seguridad. Descartó el uso del penal federal de Papantla para despresurizar el sistema estatal.
El hacinamiento se agrava porque 54.8 por ciento de los internos no tiene sentencia firme. Datos del INEGI señalan que la prisión preventiva justificada alcanza 41.1 por ciento y la oficiosa 13.7 por ciento, con estancias promedio de 17 meses sin resolución.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza la construcción de seis nuevos centros y reformas para agilizar procesos por delitos menores, mientras el sobrecupo ya crece 15 por ciento a nivel nacional.
