México, 15 Junio; poderycritica.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno están absolutamente obligadas a investigar y sancionar cualquier clase de conducta violatoria de los derechos humanos, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
El titular de la CNDH, aseguró que cada violación en la materia, ha de ser investigada y sancionada, sin importar el orden de gobierno al que competa el tema.
La CNDH detalló que su presidente se refirió en particular a violaciones de derechos humanos contra migrantes, pueblos indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres y víctimas de trata de personas, son igualmente graves y exigen investigaciones serias.
Recordó que la desigualdad, la pobreza, las condiciones de necesidad y otros problemas que enfrentan amplios sectores de la población, “son campo fértil para el desarrollo de actividades ilícitas que afectan la seguridad y la tranquilidad en algunas zonas del país”.
Dijo que paulatinamente, se ha dado un reconocimiento de un catálogo más amplio en derechos fundamentales, entre otras cosas, porque la CNDH se ha adaptado a las nuevas visiones y lógicas que imperan en la materia.
En ese sentido, el reto de la reforma de 2011 está en su operatividad, pues no es suficiente proclamar los derechos, sino garantizar su vigencia y eficacia.
“En la implementación de las reformas constitucionales y legales se debe asegurar que la sociedad civil participe en su observancia, vigilancia y seguimiento”.
Respecto a la efectividad, resulta fundamental la promoción y en ello son corresponsables todas las entidades públicas y diversos actores sociales, para generar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos.
Lo importante es conocer estos derechos, entender a cabalidad en qué consisten y a partir de ahí asumirlos como eje de nuestra vida diaria.
Además, las recomendaciones tienen una influencia “educativa” para los funcionarios públicos y la sociedad. La autoridad a la que va dirigida una recomendación debe ver en ella una acción de colaboración y no de reproche.
Su propósito es lograr un mejor funcionamiento de la administración pública. Su aceptación y cumplimiento expresa la voluntad política de la autoridad con su compromiso con los derechos humanos.
