México, 19 octubre; poderycritica.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de la entidad una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al «escrutinio público» para esclarecer y sancionar la muerte de internos en el penal de Cadereyta, durante los disturbios de los días lunes y martes de la semana pasada.
La cifra de muertos durante los amotinamientos citados llegó a 18 al confirmarse hoy que el interno Ricardo Ramírez Velazco, de 48 años de edad, falleció por lesiones intraabdominales causadas por proyectiles de arma de fuego con lo cual, de acuerdo a la versión oficial, al menos tres de las víctimas habrían perecido por el uso de «fuerza letal», es decir a balazos.
Hasta este miércoles por la noche, el cuerpo de la víctima no ha sido reclamado por sus familiares y permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde el día viernes 13 de octubre cuando fue ingresado a dichas instalaciones por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, después de permanecer tres días en la lista de heridos en el Hospital Universitario.
Cabe mencionar que el gobierno estatal no había dado a conocer en cinco días el deceso de la víctima número 18 que dejaron como saldo los hechos violentos ocurridos en el reclusorio, entre las 23:30 horas del 9 y poco después de las 16:00 horas del 10 de octubre pasados.
El pasado jueves, 12 de octubre, las autoridades estatales informaron sobre la muerte número 17 registrada a raíz del amotinamiento de internos. La víctima se llamaba Fabián Ramírez Pulido quien murió mientras permanecía hospitalizado en el Hospital Universitario.
Los disturbios que culminaron por la intervención de elementos policiacos de Fuerza Civil, Policía Militar, Policía Federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, dejaron además al menos 36 heridos, aunque la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) estimó que unos 300 presos requerían atención médica y muchos de ellos no estaban siendo atendidos.
Pronunciamiento de la CIDH. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, condenó mediante un comunicado de prensa los hechos violentos registrados en el reclusorio de Cadereyta, e instó al gobierno del Estado de Nuevo León «a realizar la investigación respectiva, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes».
La CIDH refirió que de acuerdo a la información oficial, la mayoría de los reos que perdieron la vida fue «como consecuencia de una riña interna ocurrida entre los grupos criminales que cohabitan en el reclusorio», aunque según declaraciones del vocero de seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua, por lo menos dos internos habrían muerto a causa de los disparos de los agentes de la Fuerza Civil. (A los que se agregaría la víctima 18 que hoy se admitió oficialmente).
El organismo interamericano citó que el vocero mencionó que se tomó la decisión de utilizar la fuerza letal (armas de fuego) a fin de rescatar a dos guardias del penal, a raíz de que los internos tenían la intención de arrojarlos al vacío desde la azotea.
«La CIDH recuerda que los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas», se agregó en el comunicado.
«Tomando en consideración lo señalado por las autoridades del Estado respecto de que actualmente se realizan las autopsias para determinar la causa de cada una de las muertes, la CIDH reitera el deber del Estado mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza», se estableció.
En este sentido –prosiguió la CIDH- cuando el gobierno estatal tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, «debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público».
Expuso el organismo que ya había expresado su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad.
«Desde junio de 2016, la CIDH se ha pronunciado en tres oportunidades condenando hechos violentos en México, en los que perdieron la vida 80 personas privadas de libertad, como resultado de motines iniciados por el enfrentamiento entre integrantes de grupos contrarios (Comunicados de Prensa 97/17, 16/16, y 86/16)», precisó.
Finalmente, señaló que en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, destacó la situación de inseguridad, y las condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre internos, «como patrones comunes y estructurales que caracterizan la problemática carcelaria».
