México, 05 noviembre; poderycrítica.-Al tiempo que aumentó a 66 la cifra de cadáveres localizados en fosas clandestinas en el municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, dentro de México, las fisuras entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y la Fiscalía General del Estado aparecieron.
“Lamentablemente en ningún lugar estábamos preparados para la dimensión de lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del país”, reconoció la titular de la CNB, Karla Quintana, en entrevista con medios de comunicación este miércoles.
Fue el 28 de octubre cuando la CNB, en conjunto con su organismo homólogo en Guanajuato, informó de la localización de 59 cuerpos en un predio de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, ubicado a solo tres kilómetros de la Alcaldía de Salvatierra, y una semana después las autoridades sumaron siete cadáveres más.
Ante la cifra de cuerpos y el complejo escenario, Quintana indicó que a las labores de búsqueda se sumaron un antropólogo y un arqueólogo para evitar “fallas metodológicas”, como el incorrecto numerado de las fosas.
Resaltó que estos especialista pertenecen a la CNB, pues la Fiscalía local, a pesar que sí cuenta con este tipo de profesionales, no los ha enviado para trabajar en Salvatierra.
SE ACERCAN LOS FAMILIARES
Con el hallazgo de los primeros 59 cuerpos, aproximadamente 250 personas acudieron a un módulo que dispuso la Fiscalía General del Estado para tomar muestra de ADN y poder verificar así si alguno de los cadáveres corresponde a los familiares que buscan.
“Lamentablemente las muestras se terminaron, solo fueron 100 muestras, y lo que ofreció la Fiscalía es trasladar a algunas personas a las fiscalías más cercanas. La información que tenemos extraoficial es que algunas familias se han acercado a las otras fiscalías”, dijo Quintana.
No obstante, las fosas en Salvatierra no son el único caso de este tipo en Guanajuato.
A finales de septiembre, en el municipio de Irapuato, fueron localizadas 17 bolsas de plástico con restos humanos, aunque todavía se desconoce a cuántas personas corresponden.
Aunado a ello, el 30 de octubre también fueron descubiertos cuerpos en el municipio de Cortazar, aunque la Fiscalía todavía no informa oficialmente cuántos. Ni siquiera la Comisión Nacional de Búsqueda ha recibido información de este caso.
Quintana apuntó que, presuntamente, se debe a que en el predio donde fueron encontrados los cadáveres, fueron detenidas tres personas, y por ello, aún se llevan a cabo diligencias ministeriales en la zona.
SEGUIRÁ LA BÚSQUEDA
La titular de la Comisión indicó que seguirán las tareas de búsqueda en Salvatierra, y en su momento también en Cortazar, aunque aclaró que por seguridad, se procura no revelar los puntos exactos.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en Guanajuato, llevado a cabo entre colectivos de familiares de personas desaparecidas, la organización Data Cívica y la Universidad Iberoamericana, reveló que de enero de 2009 a julio del 2020 se identificaron 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos humanos.
Los municipios de Pénjamo (11), Irapuato (11), Celaya (8), Villagrán (7) y Acámbaro (7) concentran cerca del 40 % del total de fosas, un fenómeno que está ligado a la presencia del crimen organizado, según apuntó el investigador Fabrizio Lorusso durante la presentación del informe.
Y es justamente la disputa entre dos organizaciones criminales, principalmente, la que ha convertido a Guanajuato en la entidad más violenta de México desde el 2018.
Por un lado está el Cártel Santa Rosa de Lima, nacido en el municipio de Villagrán, y enfrente está el Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes -“El Mencho”-, cuya presencia crece paulatinamente a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Autoridades locales estiman que 9 de cada 10 homicidios dolosos en Guanajuato están vinculados con la guerra entre células de la delincuencia organizada.
Este año, con corte a septiembre, son 3.438 las personas asesinadas en el estado de Guanajuato, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno federal, lo cual representa el 13 % del total de víctimas reportadas a nivel nacional, unas 26.231.
