Poder&Crítica.- El Congreso del Estado de Quintana Roo solicitó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y a la de Economía del gobierno federal, impulsar la continuidad a la política de desgravación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur del país, a fin de mejorar la competitividad y abatir la situación de desigualdad en cuestión de precios de las zonas fronterizas con respecto al comercio extranjero.
Además, las diputadas y diputados de la XVI Legislatura se pronunciaron por enviar una atenta solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación de la miscelánea fiscal 2020, contemple la disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.
Ese punto de acuerdo es resultado de diversas reuniones de trabajo con diversos colectivos sociales, asociaciones civiles y cámaras empresariales quienes, a través de sus planteamientos, inquietudes y de opiniones vertidas consideraron necesario que, aunado al tema de la desgravación arancelaria, se retome la solicitud de disminución del IVA y del ISR.
En el exhorto, promovido por los integrantes del grupo legislativo del PVEM y avalado por la XVI Legislatura, se destaca la necesidad de seguir impulsando la continuidad de la política de desgravación arancelaria que coadyuve a la potencialización económica de esta zona geográfica.
Desde el 2003, la Federación implementó un esquema del Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica. Las reducciones arancelarias están dirigidas a las empresas que pretenden realizar la importación de mercancías para ser destinadas a la franja y región fronteriza de nuestro país, las cuales son reguladas al amparo de los decretos cuya emisión de solicita continuar.
El Pleno Legislativo dio lectura y turnó a comisiones para su análisis, una iniciativa de reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo presentada por las diputadas Erika Castillo Acosta, Tepy Gutiérrez Valasis, Fernanda Trejo Quijano, Reyna Durán Ovando, y los diputados Edgar Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda y Roberto Erales Jiménez. De acuerdo con la exposición de motivos, los legisladores prominentes consideran que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad, las autoridades en la materia no han invertido su energía, conocimiento y habilidad en planear de manera integral cómo deben estar estructuradas las ciudades y qué acciones deben ejecutarse para modernizar el servicio de transporte en la entidad.
La propuesta contempla eliminar la muerte del titular de la concesión de las causas de extinción de las concesiones, la transformación de la Junta de Gobierno en un Consejo Directivo de Movilidad en el que participen legisladores, representantes de organizaciones de transporte de pasajeros y de carga y dos ciudadanos que acrediten experiencia en los temas de movilidad. De igual forma se propone proteger, respaldar y respetar los derechos adquiridos por aquellos operadores del servicio público de transporte en su modalidad de taxi ruletero, que llevan muchos años laborando de manera ininterrumpida como trabajadores al volante, al darles preferencia a los choferes de mayor antigüedad al momento de otorgar concesiones.
