PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Tres mujeres sobrevivientes de tortura a manos de elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano iniciaron una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para exigir el cumplimiento de la Recomendación 173VG/2024 emitida hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las manifestantes, Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, denunciaron haber sido víctimas de tortura el 5 de septiembre de 2019 durante un operativo realizado en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, en el que ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. En el operativo participaron agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), policías estatales y personal del Ejército.
Las víctimas de esa masacre fueron identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández y Jennifer Hazel Romero López, originarios de distintos estados del país.
Aunque en su momento el gobierno de Tamaulipas informó que se trató de un enfrentamiento, una investigación independiente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo desmintió esa versión. Videos y testimonios demostraron que las víctimas fueron capturadas con vida y posteriormente ejecutadas, contradiciendo el comunicado oficial.
El presidente del Comité, Raymundo Ramos Vázquez, denunció que el gobierno estatal mantiene pendientes varias recomendaciones en materia de derechos humanos, entre ellas la 06/2023 por tortura en el penal de Altamira y la 04/2022 por la detención arbitraria de periodistas en la entidad.
Ramos señaló que persiste una falta de voluntad política para atender los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Las tres mujeres anunciaron que mantendrán su huelga de hambre de forma indefinida hasta que las autoridades estatales y la Secretaría de Seguridad Pública cumplan con las recomendaciones de la CNDH y se garantice la reparación integral del daño a las víctimas.
