Chetumal, Q. Roo, lunes 29 de marzo de 2021, poderycrítica.- Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, aseguraron que Roberto Leonardo Poot Vázquez, no tiene facultades para intervenir directamente en las organizaciones sindicales y tampoco tiene capacidad para tomar decisiones a nombre del SUTAGE, mucho menos para hacer uso de las cuotas sindicales recabadas.
En conferencia de prensa, los quejosos manifestaron que en el 2016, se comenzó un movimiento a raíz del proceso de continuidad solicitado por el Roberto Leonardo Poot Vázquez, en la cual un grupo de sutagistas obtuvieron un laudo favorable en el cual se estableció que la continuidad otorgada al anterior Secretario General, era nula por encontrarse llena de vicios procedimentales.
La resolución quedó firme en el mes de noviembre se dictó sentencia en el juicio de amparo directo 613/2019 por parte del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en la ciudad de Cancún, en el cual se determinó que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Leonardo Poot Vázquez en contra del laudo dictado en el mes de mayo de 2019, y con ello, desconociendo su calidad de Secretario General del SUTAGE.
Acontecido lo anterior, en el mes de septiembre y octubre del año pasado, personal sindicalizado realizó una toma simbólica de las instalaciones del SUTAGE, así como diversos movimientos en la capital del Estado, como una muestra del rechazo a las arbitrariedades que estaban ocurriendo al interior del gremio.
Para el mes de diciembre de 2020, al tener conocimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, los simpatizantes, iniciaron las acciones correspondientes para la recolección de firmas para poder realizar el proceso de transición como lo establecen los estatutos, con la transparencia requerida.
Sorpresivamente, el día tres de febrero de 2021, tuvieron conocimiento que se había nombrado un Comité Electoral a espaldas de base trabajadora, así como se fijó convocatoria para registro de las planillas aspirantes a concursar en el proceso electoral, dando únicamente como margen sólo un par de horas para el registro, lo cual contraviene totalmente lo dispuesto en los lineamientos.
Por lo que realizaron el procedimiento de inscripción, a pesar de saber de qué se trataba de un procedimiento amañado, lleno de vicios y buscaba la imposición mediante engaños de un grupo que lamentablemente ha estado engañando y utilizando la buena fe y la esperanza de una idea de renovación sindical que aclama la base sindical para sus fines personales.
El día 08 de febrero de 2021, tuvo lugar la jornada electoral, el cual, se destilaba actos de engaño y alteraciones en la convocatoria fijada por parte del autonombrado Comité Electoral, cambiaron de área las urnas para que sólo unos pocos pudieran votar, establecieron códigos para colocar más boletas en las urnas de las que deberían aparecer como fue en el caso de la urna ubicada en la capital del Estado, y así un sinfín de prácticas desleales.
Las votaciones llegaron a su fin, y en la noche, por el recuento de la información de los votos obtenidos a lo largo de la entidad estatal, se determinó que la planilla azul ganó por una mayoría significativa, pero se denunció públicamente que muchas personas con años como integrante del sindicato le fue negada su participación electoral.
Por lo que realmente quien triunfó esa noche fue la corrupción de algunos para verse beneficiados, pero ni así lo consiguieron. Aclarando que los estatutos prevén que al término de las votaciones se debe entregar la constancia de mayoría a la planilla vencedora, circunstancia que no ocurrió.
Durante varios días hubo un silencio sepulcral por parte del Comité Electoral, siendo que hasta el día 19 de febrero de 2021, su Areli Eunice Buenrostro Sansores, presentó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, la documentación correspondiente para que se pronuncie respecto del cumplimiento o no del proceso electoral, y consecuentemente dar la toma de nota o negarla, según lo que en derecho correspondiera.
Posteriormente, el 16 de marzo de 2021 se dictó la resolución respectiva en la cual la Autoridad Laboral determinó que no era posible dar la toma de nota a la planilla ganadora, a razón de que la Convocatoria de fecha 15 de enero de 2021 sólo se encontraba firmada por una persona que carece de las facultades para realizar el llamado a la base sindical, máxime que dicha convocatoria maneja dos fechas distintas por lo que resulta confuso y no da certeza legal del proceso respectivo.
De hecho, la convocatoria no fue publicada en todos los centros de trabajo en donde existen trabajadoras y trabajadores sindicalizados, lo cual constituye en una violación grave a los estatutos.
En el citado acuerdo, también se hace mención de la asamblea celebrada el día 19 de enero de 2021, a la cual, el Tribunal Burocrático analizó minuciosamente las constancias, determinando que no existió quorum legal para poder determinar la validez de dicha asamblea en la cual se eligió al Comité Electoral conformado por Areli Eunice Buenrostro Sansores, Norma López Flores, Norma Noemí Chablé Cool, Gladys del Socorro García Baños y Orlando Buenfil Dzul.
Con esos dos puntos señalados por la autoridad laboral se resolvió que derivado de las inconsistencias en los documentos presentados, así como del desarrollo del proceso y la jornada electoral, es que no es posible otorgar la toma de nota, por lo que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado continúa acéfalo.
Por lo que actualmente la dirigencia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE), está encabezada por el Roberto Leonardo Poot Vázquez, pero no tiene facultades para intervenir directamente en las organizaciones sindicales, así como tampoco tiene capacidad para tomar decisiones a nombre del SUTAGE, mucho menos para hacer uso de las cuotas sindicales recabadas.
Dijo que durante semanas se han estado acercando a los sindicalizados, solicitando su apoyo para la recolecta de firmas, esto es con la finalidad de proceder conforme a derecho y emitir la convocatoria correspondiente.