La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene diálogo con la empresa estadounidense Vulcan Materials, propietaria de Calica, para cerrar el conflicto heredado del sexenio pasado, pese a la clausura de la mina y al litigio internacional.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el caso sigue en proceso jurídico, pero que paralelamente se busca un acuerdo negociado. Recordó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial resolvió que la indemnización que reclamaba Vulcan no corresponde a los mil 700 millones de dólares —en algunos documentos la empresa la valuó hasta en mil 900 millones— sino a una cifra mucho menor, estimada entre 150 y 17 millones de dólares, apenas 1% de lo solicitado.
«Nosotros seguimos en el diálogo. Esta resolución no tiene que ver con el diálogo. Fue una decisión del propio tribunal. Es una resolución importante porque, aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa», dijo la mandataria.
El origen del diferendo es la explotación de materiales pétreos en Calica, cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la cantera en 2018 y en septiembre de 2024 el predio de 2 mil 300 hectáreas fue declarado Área Natural Protegida por sobreexplotación y daño ambiental en zona de selva. La empresa, que exportaba piedra caliza a Estados Unidos a través del puerto de Punta Venado —hoy cerrado—, inició un arbitraje bajo el T-MEC.
Según Sheinbaum, el esquema de negociación es claro: «Ellos qué piden? Sacar el material que ya explotaron. Y nosotros qué queremos? La remediación de ese lugar». El gobierno exige el resarcimiento ambiental y el plan de manejo de la ANP, mientras evalúa cambiar el uso de la concesión portuaria para fines distintos al traslado de material pétreo, e incluso analizar la viabilidad de explotar otras minas fuera del área protegida o impulsar un desarrollo turístico de bajo impacto en el predio, que sigue siendo propiedad de Vulcan.
La empresa aún puede impugnar el fallo del CIADI dentro del plazo de 30 días de confidencialidad. La Secretaría de Medio Ambiente, Economía y el gobierno de Quintana Roo mantienen las pláticas. Sheinbaum descartó que la nueva ley aprobada por la Cámara de Representantes de EU para sancionar expropiaciones afecte a México, porque «no hubo expropiación, lo que hubo fue un decreto de Área Natural Protegida».
