La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto que obliga a las plataformas y redes sociales a identificar y retirar de forma inmediata todos los contenidos que promuevan violencia, abuso o pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.
El decreto, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor de inmediato y otorga 30 días naturales a las empresas para publicar sus restricciones de acceso, ajustar sus tecnologías y documentar las acciones de cumplimiento.
Se trata de una medida de alcance global en uno de los mayores mercados de internet de América Latina, impulsada tras recientes casos de violencia en escuelas como el de Coahuila, donde quedó expuesto el papel de las redes en discursos de odio.
¿Qué deben hacer las plataformas?
Según explicó la consejera jurídica Luisa María Alcalde, las plataformas deberán:
- Retirar de inmediato cuentas y contenidos que promuevan violencia
- Clasificar contenidos por edad y verificar la edad de los usuarios
- Tener herramientas de supervisión parental
- Instrumentar mecanismos para reportar contenidos y usuarios violentos
- Activar por defecto configuraciones de privacidad y seguridad más protectoras para menores
- Reportar a autoridades cuando detecten riesgos a la vida, preservar evidencia y tener un punto de contacto para investigaciones
Contenidos prohibidos para menores:
Discursos de odio y extremismo violento, abuso, explotación y violencia sexual, material sexual explícito, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso y ciberbullying, y conductas ilícitas.
Sin sanciones, por ahora:
El decreto es obligatorio pero no punitivo en esta primera fase. Fue consensuado con Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads), Microsoft, Apple, Google, X, TikTok y Huawei, que según el Gobierno «entendieron perfectamente la necesidad» y solo pidieron un mes para adaptarse.
«Lejos de mostrar resistencia, entendieron perfectamente», dijo Alcalde.
El seguimiento lo hará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Sheinbaum advirtió:
«Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que sí tendrá sanciones».
El fundamento legal es el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga al Estado a garantizar un acceso seguro a internet. Además se instalará una Mesa de Trabajo con las plataformas para futuras regulaciones.
