México, 22 Diciembre; poderycritica.- El senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, presentó una iniciativa para modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a fin de fortalecer los mecanismos de acceso a información en esta materia.
Esta propuesta, dijo, «surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en México mediante diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal y local».
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también apuntó que de acuerdo con el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2013, México incumple con las normas para erradicar este ilícito.
«México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas», señaló. El representante perredista agregó que el informe denunció falta de coordinación de instituciones encargadas de perseguir este delito.
Además la «acotada comprensión de servidores públicos en torno al problema aunado a altos índices de corrupción de funcionarios adscritos a estas instituciones».
Por esa razón, consideró pertinente modificar la ley en la materia para que de una manera clara y precisa se cuente con información estadística acerca de trata de personas, preservando siempre datos susceptibles de confidencialidad y reservas por razones de obviedad.
«Resulta oportuno hacer un recorrido puntual del ejercicio que realizó la organización no gubernamental para comprender la magnitud del problema».
«En consecuencia la necesidad de establecer herramientas legales que den cauce a la implementación efectiva de mecanismos encargados de publicar información oficial relativa a la incidencia delictiva en materia de trata», indicó.
En otro sentido, Robles Montoya puso especial atención en la necesidad de atender a profundidad la comisión de este acto ilícito contra los pueblos y comunidades indígenas.
«Lo anterior en virtud de que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente entre mujeres y niños», puntualizó.
