PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general en materia de extorsión. Con 106 votos a favor, la modificación al inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación.
La futura legislación deberá incluir, al menos, los tipos penales y sanciones aplicables en todo el país, con el fin de homologar el combate a este delito que, de acuerdo con especialistas y autoridades, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Un problema en crecimiento
Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, subrayó que la extorsión no es un fenómeno aislado, sino una práctica que afecta a familias, comercios, instituciones y comunidades completas.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en enero de 2025 se denunciaron en promedio 30 casos diarios, un incremento del 57 % respecto a los últimos seis años.
Por su parte, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra unidades económicas, con pérdidas calculadas en más de 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 % del PIB.
Plazos y transición
El decreto establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días, a partir de su entrada en vigor, para expedir la nueva ley general. Mientras tanto, seguirán vigentes las disposiciones federales y estatales actuales en la materia.
Con ello, se busca consolidar un marco jurídico nacional que permita enfrentar de manera más eficaz uno de los delitos que más impacto generan en la vida cotidiana y en la economía del país.
