Q,Roo, 21 febrero; poderycritica.-La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha perdido recursos de amparo para lograr que el ex gobernador Roberto Borge Angulo sea trasladado a la cárcel de la entidad para responder a las denuncias en su contra por el desvío de recursos del erario público.
La fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Arzapalo reconoció que se les ha complicado el caso Borge y que incluso de manera personal ha acudido a platicar con el juez de control que tiene a su disposición al ex mandatario quintanarroense para pedirle que sea trasladado Quintana Roo con todas las medidas de seguridad.
“Nos han negado los recursos de amparo por lo que hemos interpuesto los recursos de queja correspondientes”, afirmó, “pero el litigio está siendo muy difícil para lograr el traslado de Borge a Quintana Roo”.
Indicó que también han registrado en el CEFERESI —donde se encuentra el ex mandatario quintanarronse detenido— las tres órdenes de aprehensión que aún están pendientes por cumplimentar en contra de Borge Angulo en caso de que el juez federal, con alguna maniobra legaloide, quiera otorgarle algún beneficio extra a lo que es la prisión preventiva.
Villanueva Arzapalo reiteró que el juez federal ha rechazado los recursos de amparo para trasladar a Roberto Borge a la cárcel de Quintana Roo con el argumento de que la Fiscalía Anticorrupción no ha mostrado el interés. Desafortunadamente las autoridades federales están teniendo deferencias con el ex gobernador, afirmó.
Mientras tanto confirmó que la Fiscalía Anticorrupción trabaja para cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión que han sido liberadas en contra de ex funcionarios estatales y municipales.
Además la instancia a su cargo avanza para lograr “congelar” los bienes patrimoniales de los ex funcionarios para evitar que en tanto se cumplen las ordenes de aprehensión puedan vender, donar o enajenarse de sus bienes “porque la intención de la Fiscalía es lograr recuperar lo más que se pueda de los bienes extraídos del erario público”.
Sin embargo, reconoció también que se enfrentan al hecho de que entre el 60 y 70 por ciento de los ex funcionarios denunciados han interpuesto juicios de garantía.
