Por unanimidad, el Pleno de la nueva Suprema Corte ejerció facultad de atracción 980/2026 para resolver si la Auditoría Superior de la Federación tiene legitimación para promover juicio de amparo contra sobreseimientos y no ejercicios penales en casos de desvíos millonarios.
El conflicto: el Primer Tribunal Colegiado de Apelación negó esa legitimación al considerar que la ASF no sufre afectación patrimonial directa, por lo que no podía impugnar la no vinculación a proceso. Así ocurrió con Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, acusado por convenios de enero de 2016 con la Universidad Autónoma Indígena de México por 110 millones de pesos, cuya no vinculación quedó firme en mayo de 2024. Mismo criterio para José Roberto Aguilar Fuentes y José Roberto Torres Gutiérrez, abogado general y exrector de la Universidad Politécnica de Chiapas, señalados por convenio de abril de 2015 con Sedesol por 400 millones para comedores comunitarios, donde se desconoce el destino de 200 millones; un juez excluyó pruebas y la ASF no pudo combatirlo vía amparo.
En contraste, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal sí reconoció legitimación a la ASF como garante de recursos públicos y coadyuvante del MP, en un caso ajeno a Estafa Maestra sobre “Servicios Integrales de Limpieza” de la SRE (2019-2020), donde la FGR decretó no ejercicio penal en 2021.
La Corte turnará el asunto a ponencia para fijar criterio obligatorio nacional. La decisión impacta expedientes de la Estafa Maestra por más de 7,670 millones de pesos del sexenio de Peña Nieto.
