PODER Y CRÍTICA | El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas contra Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia de El Salvador, y Carlos Almícar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia del país centroamericano.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una investigación sobre los funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y líderes de pandillas encarcelados ha revelado negociaciones encubiertas entre los oficiales salvadoreños y la organización criminal Mara Salvatrucha 13, que en 2012 fue incluida en la lista negra del gobierno estadounidense por sus actividades criminales transnacionales.
La dependencia estadounidense aseveró en un comunicado que Luna Meza y Marroquín Chica encabezaron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con los líderes de las pandillas. La acusación explosiva aumenta la tensión entre las dos naciones y llega al corazón de uno de los éxitos más promocionados de Bukele en el cargo: una caída en la tasa de homicidios del país.
En 2020, la administración de Bukele “brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para asegurar que los incidentes de violencia de las pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”, dijo el comunicado del Tesoro. “En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones”.
EU detalló que miembros conocidos de esos grupos criminales pudieron entrar a prisiones salvadoreñas para encontrarse con sus líderes debido a las facilidades otorgadas por los dos funcionarios del gobierno de Bukele.
Las reuniones fueron parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador por negociar una tregua secreta con los líderes de la pandilla.
Las sanciones que implica esta medida son el bloqueo de todas las cuentas y propiedades que se encuentren en territorio estadounidense o en instituciones bancarias de ese país.
Ante las acusaciones, Bukele respondió con sarcasmo a través de Twitter. “¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero para las pandillas? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Ni siquiera comprobaron la fecha? ¿Cómo pueden lanzar una mentira tan obvia sin que nadie los cuestione?”.
Bukele negó con vehemencia la acusación cuando fue reportada en agosto de 2020 por el sitio de noticias local El Faro. Y el miércoles aludió a una tregua de pandillas negociada por una administración anterior por la que varios exfuncionarios están siendo procesados.
El ex fiscal general Raúl Melara dijo que investigaría el informe de El Faro en ese momento, pero cuando el partido de Bukele asumió el control del Congreso, los nuevos legisladores derrocaron a Melara y lo reemplazaron por alguien vinculado a la administración de Bukele.
El anuncio se produce cuando varios exfuncionarios de administraciones anteriores están siendo procesados por negociar un pacto similar con las pandillas.
Las revelaciones seguramente aumentarán las tensiones entre Bukele y la administración Biden. Después de que el nuevo congreso destituyó al fiscal general y a los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema en mayo, el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la dirección del país.
El partido Nuevas Ideas de Bukele ganó las elecciones legislativas a principios de este año de manera aplastante, lo que le dio el control del Congreso de El Salvador.
Información de Latinus y AP
