La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 30 de septiembre que la sanción de la OFAC del Departamento del Tesoro de EU contra 21 personas y 25 entidades presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa no significa automáticamente que tengan vínculos con la delincuencia organizada.
En la mañanera, Sheinbaum explicó que la UIF sí encontró irregularidades en muchas de las cuentas, pero en varios casos no encontró prueba de nexo criminal, por lo que no presentó denuncia penal en FGR. «Se notificó, se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo. Eso es lo que dice la UIF», dijo.
El caso que detonó la polémica es el de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, incluido por la OFAC el 29 de septiembre como presunto operador político de la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos «Mayito Flaco». EU acusa que usó influencia para facilitar actividades del grupo en BC.
Sheinbaum comparó con el caso de dos bancos y una casa de bolsa sancionados hace meses por FinCEN: «No hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y la casa de bolsa con algún asunto delincuencial». Reiteró que cuando la UIF detecta irregularidades puede solicitar congelamiento preventivo y la persona puede acudir a aclarar sin que implique denuncia penal.
Dijo además que algunas personas con cuentas congeladas ayer ya tenían carpeta en FGR, pero no todas.
Marina del Pilar respondió que está «tranquila y con las manos limpias», que no está incluida en la lista de OFAC, que desconocía los hechos y que desde 2023 se salió de la empresa Vida Orgánica Tijuana —también sancionada— cediendo sus derechos a Torres. El Gobierno estatal aseguró que está legalmente divorciada y sin cuentas en el extranjero, y revisará contratos con empresas sancionadas.
