La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México advirtió que en los centros de tratamiento contra las adicciones persisten prácticas de violencia, maltrato, internamientos involuntarios irregulares y tratamientos sin sustento científico, por lo que llamó a reforzar la vigilancia de los establecimientos públicos y privados.
La titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que estas prácticas vulneran los derechos de las personas que buscan atención, particularmente en establecimientos que operan sin regulación o supervisión suficiente. “Sin embargo, sabemos que todavía persisten situaciones de violencia, maltrato, internamientos involuntarios irregulares y tratamientos sin sustento científico”, declaró.
Durante la presentación de la publicación Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina, realizada este 10 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sostuvo que ninguna práctica de castigo puede justificarse como parte de la rehabilitación. “Ninguna forma de violencia, castigo o obligación puede justificarse como parte del tratamiento”, afirmó.
Gasman explicó que durante décadas el consumo problemático de sustancias se ha abordado desde el estigma, la discriminación y una visión punitiva que ha contribuido a marginar a quienes necesitan atención, sin resolver el problema. “Esta mirada también ha permitido normalizar prácticas que vulneran sus derechos, particularmente en establecimientos que operan sin regulación o supervisión suficiente. Tenemos la obligación de cambiar esta realidad”, señaló.
La secretaria sostuvo que el consumo problemático de sustancias debe abordarse como un problema de salud pública, mediante estrategias de prevención, atención profesional, acompañamiento y tratamientos respaldados por evidencia científica, en un enfoque que busca dejar atrás la visión punitiva y centrarse en la salud y los derechos de las personas.
Advirtió que los establecimientos especializados deben garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de los pacientes, incluido su derecho a tomar decisiones informadas sobre su salud y recibir atención adecuada sin discriminación. Desde las instituciones públicas, añadió, existe la responsabilidad de verificar que tanto los establecimientos gubernamentales como los privados funcionen en condiciones apropiadas y respeten los derechos de quienes solicitan sus servicios.
Ante esta situación, planteó fortalecer la rectoría sanitaria, incrementar la supervisión de los establecimientos y avanzar en la profesionalización de los servicios mediante personal capacitado y modelos de atención con sustento científico, en una estrategia que busca elevar los estándares de atención en los centros de tratamiento.
La funcionaria explicó que la actual administración se busca desarrollar una ciudad en la que la prevención, el cuidado y los servicios sanitarios estén más cerca de las personas y sus comunidades. La estrategia, indicó, contempla fortalecer la atención comunitaria de la salud mental y las adicciones, además de garantizar servicios que protejan la dignidad, autonomía e integridad de quienes requieren tratamiento.
A través del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones, IASAMA, el gobierno capitalino trabaja en reforzar las acciones preventivas, la atención y la supervisión de los centros especializados, en un esfuerzo coordinado para que los tratamientos se realicen en condiciones seguras y profesionales.
Gasman también destacó que la publicación presentada es resultado de la cooperación entre México y Uruguay, orientada al intercambio de experiencias, fortalecimiento de las capacidades institucionales y mejoramiento de los estándares de atención en América Latina, en un trabajo que busca compartir buenas prácticas entre los países de la región.
Insistió en que los centros de tratamiento deben convertirse en espacios seguros, donde las personas reciban acompañamiento profesional y tengan oportunidades reales de recuperar su bienestar, sin estar expuestas a castigos, discriminación o amenazas contra su integridad. “Quien busca ayuda para recuperar su salud y bienestar debe encontrar espacios seguros, profesionales y humanos. Nunca una amenaza a su integridad o a sus derechos”, detalló.
