La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría el inicio de un procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda. La resolución se da tras una denuncia formal que señala al mandatario estatal por presuntos actos de corrupción y la supuesta triangulación de recursos públicos por un monto cercano a los mil millones de pesos hacia empresas ligadas a su entorno cercano y familiar.
El dictamen avanzó en la comisión dictaminadora con un bloque de seis votos a favor, integrado por legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena, frente a un único voto en contra por parte de la representación de Movimiento Ciudadano (MC). Con esta aprobación, el expediente será turnado de inmediato al Pleno del Congreso local para su discusión, votación y eventual resolución jurídica.
Plazo legal: 15 días para comparecer
De acuerdo con las reglas procesales vigentes en la legislación del estado, la notificación formal del inicio del procedimiento activa los tiempos legales para la defensa del titular del Ejecutivo:
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Término: El gobernador Samuel García contará con un plazo estrictamente constitucional de 15 días hábiles para responder a las acusaciones.
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Modalidad: Podrá comparecer ante el Poder Legislativo de manera presencial, remitir sus alegatos por escrito o delegar su defensa legal a través de sus representantes jurídicos.
El origen de la denuncia: Bloque opositor e iniciativa de Morena
La solicitud que detonó este juicio político fue radicada formalmente el pasado 8 de junio de 2026 por la dirigencia estatal de Morena. La denuncia penal y administrativa sostiene que la administración estatal ha operado un esquema sistemático de desvío y asignación irregular de contratos gubernamentales hacia firmas de proveeduría que, posteriormente, movilizan los capitales hacia despachos jurídicos y de asesoría fiscal vinculados directamente con el mandatario.
Defensa naranja: Los representantes de Movimiento Ciudadano acusaron que el procedimiento carece de sustento jurídico real y calificaron la medida como una nueva «embestida política» instrumentada por las bancadas del PRI y del PAN para desestabilizar al Gobierno del Estado en medio de las tensiones presupuestales que arrastra la entidad.
El caso pasa ahora a la cancha del Pleno del Congreso neoleonés, donde la oposición requerirá del voto de las dos terceras partes de los legisladores para declarar la procedencia del juicio y, en su caso, turnar la resolución definitiva al Tribunal Superior de Justicia del Estado para determinar si el gobernador es separado del cargo o inhabilitado de sus funciones públicas.
