PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer un listado de extrabajadores del sector público que reciben pensiones millonarias en organismos del Estado, entre ellos José Ángel Gurría y Óscar Espinosa Villarreal.
De acuerdo con la dependencia federal, la publicación de estos datos se realizó conforme al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las instituciones públicas a informar sobre personas jubiladas y pensionadas, así como el monto que perciben.
Entre los casos mencionados destaca el de José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo y exdirector de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien recibe 120 mil 685 pesos mensuales como pensión por parte de Nacional Financiera.
Por su parte, Óscar Espinosa Villarreal, exjefe del Departamento del entonces Distrito Federal, percibe 33 mil 400 pesos mensuales.
Pensiones que superan salarios públicos
La dependencia señaló que el análisis incluyó información de diversas instituciones públicas como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Crédito Rural y Luz y Fuerza del Centro, entre otras.
Durante la revisión se detectaron pensiones consideradas “exorbitantes”, algunas de las cuales superan el salario de la Presidencia de la República e incluso alcanzan montos cercanos al millón de pesos mensuales.
La información difundida corresponde a datos actualizados al 31 de diciembre de 2025 y fue publicada en la plataforma oficial de transparencia del gobierno federal.
Reforma para limitar las jubilaciones
El tema también fue abordado el pasado 18 de febrero durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó un análisis sobre las pensiones otorgadas a exfuncionarios y exdirigentes sindicales de empresas del Estado.
Ante estos casos, el Gobierno federal impulsó una reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” dentro de organismos públicos.
La iniciativa fue aprobada por el Senado de la República de México y establece que ninguna pensión de servidores públicos podrá superar el 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que representaría un tope cercano a 70 mil pesos mensuales.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados de México para continuar con el proceso legislativo. Legisladores señalaron que el objetivo de la reforma es eliminar privilegios dentro del sector público y fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos.
