PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La iniciativa presidencial para reformar la Ley de Amparo llegó al Senado con el respaldo de figuras del Gobierno federal, pero también con fuertes críticas de la oposición, juristas y académicos, que advierten posibles retrocesos en la protección de derechos ciudadanos.
El proyecto, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca agilizar los juicios de amparo mediante la reducción de plazos, el uso de herramientas digitales y nuevas reglas en materia de suspensión. La propuesta ha sido defendida por Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, y por la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, quienes aseguraron que no limita derechos y que hará más eficiente la impartición de justicia.
Entre los beneficios, el abogado y exsenador Arturo Zamora subrayó que los tiempos para dictar sentencia se acortan a 60 días después de la audiencia constitucional, lo que evitaría que los procesos se prolonguen indefinidamente. Además, destacó la regulación del amparo digital y las notificaciones electrónicas.
Sin embargo, especialistas y exministros mostraron reservas. Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte, consideró preocupante que la reforma “coloque en el centro a las autoridades y no a las personas”. Añadió que las modificaciones en materia administrativa podrían frenar la concesión de amparos en actividades que requieren permisos o concesiones gubernamentales.
Desde la academia, Rubén Ortega (UdeG) celebró que se impida a delincuentes recuperar cuentas bancarias aseguradas, aunque alertó sobre posibles usos políticos. En contraste, el abogado Joseph Olid Aranda advirtió que al privilegiar el interés legítimo individual sobre el colectivo, se restringiría el acceso de grupos sociales a la justicia.
En el terreno político, la reforma también generó divisiones dentro de Morena. Mientras el coordinador en el Senado, Adán Augusto López, pidió aprobarla sin mayor demora, legisladores como Javier Corral, Guadalupe Chavira y Óscar Cantón Zetina respaldaron la apertura de un debate más amplio.
La oposición fue más tajante. Ricardo Anaya (PAN) y Claudia Anaya (PRI) coincidieron en que la iniciativa limita el acceso ciudadano al amparo y calificaron los cambios de “regresivos”.
El Senado programó audiencias públicas los días 29 y 30 de septiembre, en las que participarán académicos, litigantes, barras de abogados y organizaciones civiles. Se discutirán temas como interés legítimo, suspensión, plazos, amparo digital y cumplimiento de sentencias.
Aunque el oficialismo prevé que la iniciativa avance sin cambios sustanciales, las discusiones de la próxima semana serán clave para definir si la reforma mantiene su ruta acelerada hacia el pleno o si se abre a modificaciones tras las críticas recibidas.
