PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El sector público y privado coincidieron en que la vivienda ha retomado un lugar central en la agenda nacional, destacando el cambio de enfoque impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia habitacional.
Representantes de la industria señalaron que las nuevas políticas, que incluyen esquemas como la renta con opción a compra y el aumento en las metas de construcción, representan un avance tras años de rezago en el sector.
Desde la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Valle de México, su presidente Jorge Gordon consideró que las iniciativas han sido bien recibidas, al tiempo que destacó que el regreso del tema a la conversación pública es un primer paso para atender a los sectores con menor acceso a una vivienda propia.
En la misma línea, el empresario Federico Cerdas, de Global Businesses Inc. de México, subrayó que colocar la vivienda como prioridad del Gobierno es positivo, al considerar que el déficit habitacional llevaba años sin atención suficiente.
La estrategia federal ha evolucionado de una meta inicial de un millón de viviendas a un objetivo de 1.8 millones durante el sexenio. De este total, 1.2 millones estarán a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 500 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 100 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
De acuerdo con cifras oficiales, para 2025 ya se contaba con terrenos para edificar más de 186 mil viviendas, con un avance cercano al 75% de esa meta. Para 2026, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) prevé formalizar la construcción de más de 400 mil casas, lo que representaría la mitad del objetivo sexenal.
Otro de los pilares del nuevo modelo es el arrendamiento social, impulsado tras la reforma a la Ley del Infonavit en 2025, que permite a trabajadores acceder a esquemas de renta con opción a compra, donde los pagos de arrendamiento pueden abonarse al valor final del inmueble.
En este contexto, autoridades y especialistas consideran que el país atraviesa un cambio estructural en la política de vivienda, con acciones que buscan ampliar el acceso a hogares dignos y fortalecer la colaboración entre gobierno e iniciativa privada.
