La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó tajantemente la existencia de acuerdos políticos con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego de la detención del exfiscal del estado, César Jáuregui, quien es investigado por su presunta implicación en un operativo clandestino contra el narcotráfico en el que habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal zanjó los rumores sobre un supuesto pacto político que habría condicionado la aprehensión del exfuncionario a cambio de una designación diplomática.
«Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, lo digo con toda claridad… Imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel», aseveró la titular del Ejecutivo.
Irregularidades en operativo de la CIA y audiencia judicial
Al abordar los detalles del caso que motivaron la acción penal, Sheinbaum Pardo señaló que las indagatorias apuntan a la realización de un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino sin el cumplimiento de los protocolos legales ni la autorización federal correspondiente, en el cual habrían intervenido agentes extranjeros.
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Falta de atribuciones: La Presidenta puntualizó que las autoridades ministeriales del fuero común carecían de facultades legales para incursionar bajo esas condiciones, recordando que el caso quedó sujeto a los tribunales correspondientes.
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Proceso legal: Indicó que la audiencia de vinculación a proceso del exfiscal se desarrolla para que la Fiscalía estatal exponga los elementos probatorios y de acusación recabados en la carpeta de investigación.
Deslinde sobre facultades de exoneración
Ante cuestionamientos de la prensa sobre un supuesto perdón político o «exoneración» hacia la mandataria estatal —quien respaldó las acciones legales contra Jáuregui bajo el argumento de que la cooperación internacional debe sujetarse estrictamente al marco de la ley—, la jefa del Estado mexicano enfatizó que el Poder Ejecutivo no cuenta con atribuciones para eximir de responsabilidades a ningún servidor público.
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Autonomía ministerial: Afirmó que determinar la culpabilidad o inocencia de los involucrados corresponde estrictamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces de control bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
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Criterio de legalidad: «No es mi papel exonerar. Sí es el papel de la Fiscalía investigar, y la Fiscalía investiga hasta donde hay pruebas (…) es una decisión de la investigación, ni siquiera una decisión personal», concluyó.
