PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | La ex presidenta municipal priista de Mérida Angélica Araujo Lara, busca reflectores ante ostracismo político derivado de su pasado corrupto; ahora se alza como defensora de las causas del pueblo, ataca a la actual administración en el tema de los desarrollos viviendísticos y acusa venta de terrenos sin certeza jurídica, algo que junto con la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco promovieron y protegieron.
Realmente, la ex senadora está en contra del anunció del gobernador Joaquín Díaz Mena quien anuncia que en la reserva territorial de Ucú, se construirán viviendas a costos accesibles para los más necesitados de Yucatán.
El plan maestro de Ucú, para construir viviendas fue diseñado precisamente por la entonces directora del Instituto de Vivienda de Yucatán, Angélica Araujo Lara, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, pero no se pudo concretar por los permisos federales y la oposición popular ante un negocio redondo que planeaban ambas funcionarias.
En el 2012, con la llegada de Rolando Zapata Bello, el mandatario priísta abandonó el proyecto ante las protestas, lo que significó echar bajo tierra un millonario negocio de la ex gobernadora Ivonne Ortega, Angélica Araujo y de allegados, quienes habían adquirido grandes extensiones de tierras en esa zona.
Joaquín Díaz Mena, como opositor denunció que el proyecto beneficiaba a un puñado de empresarios y políticos, por lo que se canceló definitivamente la edificación de miles de viviendas y el desarrollo de la zona industrial de Hunucmá.
Como en esos años se les cayó el jugoso negocio a Ivonne Ortega y Angélica Araujo esta última vocifera: «Los yucatecos no quieren promesas vacías. Quieren un patrimonio real para sus familias», afirmó Araujo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Denunció que la mala regulación del sector ha permitido la proliferación de desarrolladoras que venden terrenos con facilidades aparentes, pero que jamás entregan lo prometido. «La gente confía. Ahorra. Hace sacrificios. Y al final, muchas veces, se queda sin nada.»
«El suelo en Yucatán no puede seguir siendo un mercado sin reglas. Se necesita supervisión real, reglas claras y castigos ejemplares para quienes juegan con el sueño de las yucatecas y los yucatecos», subrayó
Actualmente, los precios del metro cuadrado en la ciudad se han disparado por lo que el gobierno del estado pretende contrarrestar la especulación inmobiliaria con la construcción de viviendas dignas y a costos accesibles.
En aquellos años priistas adquirieron grandes extensiones de tierras a razón de 6 y 8 pesos el metro cuadrado Mauricio Sahuí Rivero, delegado actual del Infonavit en Yucatán; Pedro Espadas Cervantes, esposo de Angélica Araujo Lara y compadre de Ivonne Ortega y la ex gobernadora Ivonne Ortega.
Ahora ellos están peleando al actual gobierno permisos para construirán plazas comerciales, centros de diversión y supermercados, situación que Huacho Mena no esta dispuesto a ceder.
La compra de tierras ejidales de Ucú fue un proyecto diseñado por el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, para financiar las campañas del PRI de 2010 y 2012 e implementado por la candidata del PRI al gobierno de Mérida, Angélica Araujo Lara, con la complicidad y anuencia de Ivonne Ortega Pacheco.
Senadores y diputados federales y estatales del PAN, denunciaron formalmente a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a aquellos que resultaran responsables —entre los que se encontraría Angélica Araujo Lara— por actos de prestación indebida o abandono de un servicio público y por peculado, al utilizar indebidamente fondos públicos, que pertenecen a todos los ciudadanos.
Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a la alcaldía de Mérida, fue la responsable de realizar el «Gran Proyecto de Ucú». Durante su gestión al frente del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se coordinó con el consejero jurídico del gobierno del Estado, Sergio Cuevas González, para imponer a un asesor jurídico, Luis Fernando Pérez Escalante, al grupo de ejidatarios y despojarlos, a ellos, de sus tierras por un mísera cantidad de dinero en comparación con las utilidades planeadas a recibir.
Entre los hechos de la denuncia está el de contratar un crédito de $360 millones para la compra de las tierras. Sin embargo, según una nota publicada en el Diario de Yucatán del 30 de abril de 2010, los campesinos aseguran que sólo recibieron un total de $293.2 millones, se robaron 50 millones de pesos.
En la denuncia presentada en su momento por los legisladores federales, se hizo hincapié en la participación directa de Angélica Araujo en la elaboración y ejecución del «Gran Proyecto de Ucú», siendo ella la directora del IVEY durante el tiempo desde que se creó hasta su solicitud de licencia para competir por una diputación federal.
La pareja sentimental de Angélica Araujo, Pedro Espadas Cervantes, habría sido el principal beneficiario de haberse concretarse el «Gran Proyecto de Ucú».
Desde la campaña a la gubernatura en 2007, Ivonne Ortega estrechó relaciones con la pareja Espadas-Araujo.
«Los beneficiarios no los podemos establecer en concreto pero sí sabemos quién está a la cabeza de ese grupo: Pedro Espadas, constructor y empresario desarrollador de vivienda. Él es quien coordina al grupo de los 10 desarrolladores, que son las empresas que finalmente van a participar», declaró el senador Hugo Laviada Molina, en rueda de prensa con los medios de comunicación.
Durante el periódo que fue directora del IVEY, se realizaron tráfico de influencias hacia los socios de Pedro Espadas, a quienes les vendieron 165 hectáreas en las cercanías de Caucel y fueron regularizadas por el IVEY.
Cuando Angélica Araujo solicitó licencia como funcionaria estatal para poder competir por la diputación federal por el tercer distrito, quedó en su lugar el que fungía como director de administración del IVEY, Antonio Humberto Gómez Mendoza, socio de Pedro Espadas en la Constructora Imperial.
Ahora reclaman lo que nunca pudieron concretar, comercializar, la reserva que el actual gobierno operará y construirá casas para beneficiar al pueblo yucateco.
