Cancún, Q. Roo, 06 julio, poder&crítica.- Tras el arresto del exdirector de la paraestatal VIP Saesa, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, y nuevas revisiones de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) a diversas dependencias del gobierno del estado, la Legislatura local prevé la detención de otros “ocho o 12” excolaboradores del exmandatario Roberto Borge.
“Según nuestras cuentas, debe de haber por lo menos unos ocho o 12 exservidores públicos involucrados”, señaló el presidente del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, en el marco del Foro Empresarial Anticorrupción organizado por la Coparmex.
El legislador del PAN refirió que Acosta Gutiérrez compareció en su oportunidad ante el Congreso del estado, y que de esta diligencia salieron a la luz “evidentes irregularidades” que dieron paso a profundizar en auditorías a la paraestatal y a proceder a las denuncias que hoy tiene al exfuncionario en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.
Además, acotó, el Congreso del estado llamó a comparecer, en septiembre de 2016, a siete colaboradores del aún gobernador Roberto Borge. Posteriormente, ordenó completar a la Aseqroo auditorías que se realizaron “a medias” a diversas dependencias estatales a finales del anterior sexenio.
En las irregularidades encontradas, señaló que “los casos más sonados” están las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transporte (Sintra), de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de Salud (Sesa) y del Trabajo y Previsión Social, así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y el Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae).
Martínez Arcila consideró que sólo en los asuntos tratados por el Congreso del estado, el monto de las irregularidades ascendería “a por lo menos” entre ocho mil a 10 mil millones de pesos.
Sólo en CAPA, destacó, las irregularidades son de unos mil 500 millones de pesos, de un crédito por unos 500 millones de pesos y mil millones de la contraprestación pagada por la empresa Aguakán por la concesión del sistema del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen).
Sin embargo, señaló que el Congreso del estado buscará “la parte resarcitoria” en los procesos contra los responsables de la corrupción del sexenio de Borge, toda vez que “lo perdido es el agravio mayor a la ciudadanía, pues se dejaron de hacer obras”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura local, Emiliano Ramos, del PRD, pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE), que además de proceder contra Acosta Gutiérrez, se haga lo mismo contra el exgobernador Roberto Borge y el titular de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, entonces presidente y el tesorero del Consejo de Administración de la paraestatal, respectivamente.
Y subrayó: “Carlos Acosta no se mandaba solo, estaban ellos dos”.
