PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El magistrado Enrique Priego Oropeza presentó su informe de actividades como responsable del Poder Judicial del Estado de Tabasco, destacando los logros y desafíos enfrentados durante su gestión. Frente a los miembros de la Judicatura, Priego Oropeza expresó:
«Es un honor presidir el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura y formar parte de la gran familia judicial que trabaja incansablemente en pro de la justicia». Afirmó que, con la experiencia y preparación de los servidores judiciales, se superarán «los cambios para garantizar certidumbre legal, la lucha contra la corrupción y lograr la confianza ciudadana».
El magistrado destacó el esfuerzo de los dos mil 159 empleados de órganos jurisdiccionales, administrativos y de apoyo, quienes tienen el mérito de mantener funcionando eficazmente al Poder Judicial.
En cuanto al manejo de recursos y el fortalecimiento de la infraestructura de los órganos jurisdiccionales, Priego Oropeza resaltó que durante cinco años y medio se invirtieron 374 millones 419 mil pesos en obra pública y adecuación de inmuebles, logrando una cifra histórica que ha permitido mejorar los espacios de trabajo y cambiar la percepción ciudadana sobre el servicio.
Desde 2019, se ha adquirido equipo informático y de comunicaciones valuado en 144 millones 681 mil pesos, manteniendo a la institución a la vanguardia en la gestión de procesos judiciales en toda la entidad. Además, se han invertido 24 millones 646 mil pesos en la sustitución de mobiliario en mal estado.
Priego Oropeza subrayó la importancia de que los poderes del estado, instituciones de seguridad pública, de procuración y administración de justicia sirvan a la sociedad, protegiendo la libertad, igualdad social, seguridad jurídica y apoyando a las organizaciones e instituciones sociales ante cualquier amenaza.
Asimismo, llamó a evitar el rezago del Tribunal Superior de Justicia y asegurar su capacidad para brindar un mejor servicio a los justiciables, contribuyendo así a la paz social. Recordó la obligación constitucional de implementar el nuevo sistema de justicia oral en materia civil y familiar, que debe estar en vigor pleno el 1 de abril de 2027.
En este sentido, compartió que ya han iniciado negociaciones con alcaldes para que donen terrenos donde se establecerán salas de oralidad e instalaciones para los nuevos juzgados, lo que demanda recursos para la construcción de infraestructura y adquisición de mobiliario y equipo tecnológico.
