PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | Con el hallazgo de 8 ejecutados en la comunidad de Chikindzonot en la frontera de Yucatán y Quintana Roo quedó demostrado que el crimen organizado ya opera en esa entidad y que Mérida ya los es la ciudad más segura de México.
Durante las administraciones de Mauricio Vila Dosal como Gobernador y Renán Barrera Concha como alcalde de Mérida, los asesinatos y el narcomenudeo crecieron exponencialmente.
Los ejecutados de Chikindzonot fueron levantaron en Quintana Roo y los criminales únicamente utilizaron la amplia y porosa frontera entre ambos estados para dejar los cadáveres, en lo que algunos consideran que podría ser un mensaje de la delincuencia organizada para las autoridades yucatecas.
A lo largo de tres sexenios Luis Felipe Saidén Ojeda, encabeza la secretaria de Seguridad Pública de Yucatán, pero en los últimos tres años la violencia se ha desatado causando la pérdida de la seguridad y tranquilidad hasta ahora conocidas y presumidas en el país. Sencillamente los empresarios y el pueblo en general ya no creen en Saidén Ojeda, el crimen organizado sentó sus reales y opera desde la ciudad de Mérida.
El tema no es menor, ya que Yucatán se ha vuelto refugio para miles y miles de personas de otros estados que huyen de la delincuencia en sus estados de origen, incluido Quintana Roo, donde numerosos empresarios han cerrado sus actividades por la inseguridad y el cobro de piso y se han mudado a Yucatán.
El estado se ha convertido en objetivo de inversiones muy relevantes que lo tienen creciendo a tasas muy por encima del resto del país. El tren maya, la posibilidad de extenderlo hasta Progreso, según se anunció recientemente, y numerosas inversiones dan cuenta de una prosperidad empresarial que a numerosas organizaciones criminales se les antoja como un apetitoso bocadillo.
Por lo pronto, también hay quienes señalan la llegada creciente de grupos que se asientan en Mérida o en otros municipios, como es el caso de colombianos dedicados a prestar dinero con altísimas tasas de interés y amenazas de muerte. Invasiones de terrenos en Mérida por parte de grupos migrantes de Centroamérica han sido mencionadas por las autoridades como focos rojos que alientan la delincuencia.
Pero la delincuencia organizada ya no puede ocultarse en Yucatán; el 28 de junio agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) detuvieron a ocho personas, presuntamente ligadas a un cártel de las drogas que tenían secuestradas a personas en una casa de seguridad en el barrio de San Sebastián, en Mérida.
Según información seis de estas personas fueron detenidas cuando llegaron con maletas llenas de armas a la casa de seguridad. Dos más lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo, el cual la policía persiguió hasta el norte de la ciudad, logrando detener a sus ocupantes en San Antonio Cinta, los secuestradores ya operan en la ‘Blanca Mérida’.
Las cifras sobre inseguridad en la entidad indican que aumentó en 9.1 por ciento, pasando de 26.3 a 35.4 por ciento, la percepción de inseguridad en la población meridana, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con datos del informe, el 35.4 por ciento de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura en la ciudad. Asimismo, 43.3 por ciento indicó no sentir confianza hacia la policía municipal, no obstante un 75 por ciento identificó a la Policía Estatal como una autoridad que le inspira confianza; 92 por ciento sí confía en el ejército y 87 por ciento en la Guardia Nacional.
El 40.3 por ciento de las personas encuestadas, mayores de 19 años, manifestó sentirse insegura en el cajero automático localizado en la vía pública; mientras que el 30.8 por ciento dijo sentirse insegura en el transporte público.
También, 27.1 por ciento de las y los encuestados presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los alrededores de su vivienda; 15.8 por ciento señaló que durante el tercer trimestre de 2021 cambió su hábito de llevar cosas de valor por temor a ser víctima de la delincuencia.
Yucatán era un referente obligado a nivel nacional e internacionales en materia de seguridad, paz y bienestar, la editorial de revistas Condé Nasta Travel le otorgó el Readers Choice Awards a la ciudad de Mérida como la “Mejor Ciudad del Mundo” en la categoría de “Ciudades Pequeñas”, superando a lugares como Dresde, Alemania; Québec, Canadá, entre otras.
Eso ya quedó atrás, la percepción de paz y seguridad que se vivía en Mérida estrechamente vinculada a los bajos índices de delitos de alto impacto -homicidio, extorsión, secuestros- y con los casi inexistentes hechos de violencia relacionados al crimen organizado, ya quedaron para la historia.
Hoy por hoy, los temas que más preocupan a la sociedad yucateca son la violencia, el desempleo, la pobreza y la corrupción.
Históricamente, en Yucatán el jefe del poder ejecutivo ha sido, en los hechos, quien dirige al poder legislativo y al poder judicial. Ciertamente este es el escenario que se encontró Mauricio Vila cuando llegó a la gubernatura en 2018.
Sin embargo, lejos de cambiar esta dinámica, el actual gobernador yucateco la ha mantenido y reforzado. Prueba de ello es la forma automática en la que el Congreso local ha aprobado -con una excepción-, cuentas públicas, nombramientos y endeudamientos que ha promovido el ejecutivo.
Algo parecido ocurre con el fiscal general del estado. Esto también queda en evidencia cuando se considera que el auditor superior y el zar anticorrupción están totalmente plegados a los designios del titular del poder ejecutivo, y que no han tocado, ni con el pétalo de una rosa, a la actual administración.
En su toma de protesta, Mauricio Vila afirmó que sería “el enemigo de la corrupción”. Sin embargo, si algo ha caracterizado a su gobierno es su nula voluntad para combatir a la corrupción o a la impunidad.
Dos ejemplos ayudan a ilustrar este fenómeno. El primero es que el Diario de Yucatán ha documentado con amplitud la existencia de una red de más de 100 “empresas fantasmas” que facturó tanto al gobierno estatal de Rolando Zapata (2012-2018, PRI) como al gobierno municipal de Mérida, cuando Mauricio Vila fue alcalde (2015-2018).
A pesar de la exhaustiva investigación dada a conocer por ese medio, no se conocen sanciones a las empresas involucradas en la “red fantasma” -lo que es peor, algunas de estas empresas seguirían en activo-.
Algo similar ocurrió con el anterior fiscal general de ese estado, quien se vio obligado a renunciar tras conocerse unas grabaciones que presuntamente lo vinculaban con actos de corrupción. Pero este caso también fue archivado.
Los escasos resultados en materia de combate a la corrupción presente y pasada le pesan a Mauricio Vila; en Yucatán, ningún “pez gordo” ha sido procesado.
También, de acuerdo con el reporte “Derechos humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”, elaborado por “DDHH Elementa”, durante el gobierno de Mauricio Vila, en Yucatán no sólo ha habido tortura; ésta se ha “institucionalizado”.
Aunque los casos de personas fallecidas bajo la custodia de elementos policíacos son quizás la muestra más visible -algunos incluso han llegado a la prensa nacional-, este fenómeno se extiende más allá de los casos más publicitados. La crisis de tortura yucateca también ha sido documentada por Indignación, probablemente la organización de derechos humanos más importante en ese estado.
Otro aspecto para considerar en materia de derechos humanos es el desprecio total a la comunidad LGBTI+. Durante el gobierno de Mauricio Vila el Congreso de Yucatán votó de forma secreta su rechazo a cumplir con la determinación de la SCJN que le obligaba a adaptar las leyes locales para reconocer plenamente el matrimonio igualitario. Dos amparos promovidos por organizaciones locales de la sociedad civil, como el Colectivo Para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, acabaron con ese autoritarismo.
El Yucatán de Mauricio Vila tampoco es referente en materia de derechos de las mujeres. Ese estado es el décimo con más casos de violencia contra las mujeres y ahí se ha hilado lo que el periodista Carlos Cámara ha llamado una “cadena de feminicidios”. El actual gobierno local no sólo no ha tomado con seriedad este problema, sino que se ha negado a reconocerlo públicamente.
El escenario del PAN, de Mauricio Vila y de Renán Barrera que lo perfilan como su sucesor, están marcados por la corrupción y la creciente infiltración del crimen organizado en diversos sectores productivos y sociales de Yucatán, las elecciones federales están a la vuelta de la esquina. Todo apunta que, en el 2024, Yucatán se pintará de Morena.
Revista edición impresa año 8 #135
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