México, 29 Abril; poderycritica.- Senadores priistas y pevemistas propusieron reformas constitucionales para establecer el derecho de los jóvenes a acceder de forma integral y equitativa a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y político del país.
En una iniciativa de ley plantean que el Estado dote de recursos necesarios para que el sector se integre y participe en los programas y políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.
En rueda de prensa los senadores René Juárez Cisneros, del PRI, y Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expusieron que en los últimos 20 años ocho millones de mexicanos dejaron el país por no encontrar un empleo ni condiciones de desarrollo, dando paso a la mayor emigración de la historia moderna. Juárez Cisneros vio un panorama difícil para los jóvenes de México, pues, dijo, en las próximas cuatro décadas se tendrá que atender a 30 millones y éstos hoy enfrentan una realidad adversa.
«Si miramos la parte de acceso a las oportunidades de empleo nos damos cuenta de que los jóvenes se ven seriamente afectados.
El 69 por ciento de los jóvenes que tiene la fortuna de tener un empleo lo hace en la informalidad», subrayó.
En tanto «70 por ciento de los jóvenes no sabe lo que es la seguridad social y 27 por ciento no tiene acceso a la salud.
De esos 32 millones de jóvenes 8.2 millones viven en condición de pobreza y pobreza extrema», indicó el legislador por Guerrero.
En tanto el senador pevemista Carlos Alberto Puente aseguró que el objetivo primordial de esa propuesta es que los jóvenes participen en el desarrollo del país y accedan a una mejor calidad de vida.
«Con esa medida se busca que las y los jóvenes incrementen su nivel de escolaridad y continúen sus estudios al ampliar la cobertura educativa en los niveles medio superior y superior.
También que encuentren trabajos bien remunerados a través de la vinculación de la educación con el sector productivo, se capaciten de manera continua y no abandonen sus estudios por tener que ir a trabajar por falta de recursos económicos», explicó.
De acuerdo con la iniciativa 6.6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, de los cuales 39 por ciento son mujeres. A lo que se suma que la mitad de los internos, son jóvenes.
En caso de concretarse la reforma se garantizará a través de medidas legislativas y acciones ejecutivas la aplicación del Estado de derecho en favor de los jóvenes para responder a sus necesidades de desarrollo.
De igual forma, se propone una reingeniería jurídica e institucional que establece las bases para el desarrollo integral de los derechos de la juventud en México.
Se da un plazo de seis meses para que el Congreso de la Unión emita la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, así como para que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) adecuen sus constituciones y ordenamientos legales.
