21 de Agosto #poderycritica (Notimex).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Sonora, a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente, así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a suspender las actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México.
Esta suspensión estaría vigente hasta que se evalúen los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.
En la sesión de este miércoles, la Permanente también llamó a la Secretaría de Energía a cancelar la concesión otorgada a Grupo México para explotar esa mina, por el daño ecológico y riesgo inminente al que fueron sujetas la población, la flora y fauna ribereñas.
Además aprobó conminar a la Conagua a que formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que se realicen las investigaciones a que haya lugar.
De igual forma, a que se apliquen las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron.
Paralelamente pidió poner a disposición pública las muestras y análisis de agua sobre el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía sonorense y a los organismos no gubernamentales para que hagan sus propias valoraciones.
También solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados crear una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada, y solicitó que la empresa repare e indemnice al ciento por ciento los daños causados al medio ambiente y a la población.
Al presentar la propuesta de urgente resolución, el diputado Fidel Pacheco, del Partido Revolucionario Insitucional (PRI), indicó que la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población.
Resaltó que ello impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que este daño ambiental afectara de manera grave a los municipios San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
Expuso que entre los saldos de esta situación se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas del agua necesaria para sus actividades.
Señaló que dada la gravedad de los daños lo procedente es exigir a las autoridades la suspensión y, en su caso, la cancelación de los trabajos de minería realizados por esta corporación, pues no basta la sola aplicación de multas para sentar un precedente ejemplar.
En su intervención, el senador panista Héctor Larios estimó que no ha habido respuesta contundente de todas las autoridades involucradas, por lo que estos hechos deben investigarse y, en caso de existir, deslindar las responsabilidades que correspondan.
Coincidió en que el problema central es el abasto de agua potable, por lo que propuso intensificar los esfuerzos para garantizar el suministro del vital líquido, realizar un diagnóstico independiente que determine la magnitud de los daños ambientales, y exigir a la empresa reparar las afectaciones.
En tanto la senadora Dolores Padierna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que a Grupo México se le debe retirar la concesión, no sólo por el derrame equivalente a 40 millones de litros de la solución ácida de sulfato de cobre sino por todos los daños que ha generado.
A su vez, la legisladora Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado para que se le dé seguimiento a los análisis y pruebas del agua del río, pues la contaminación es grave y los metales vertidos no son de fácil eliminación.
El diputado perredista Fernando Zárate destacó la importancia de reforzar el marco jurídico para que las empresas extranjeras que exploten recursos naturales se apeguen a la ley y las sanciones que se les apliquen correspondan al daño que ocasionen.
