Chetumal, Q. Roo, Jueves 04 de Junio de 2020, poderycrítica.- La diputada Atenea Gómez Ricalde solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) promover el juicio de lesividad en contra de la resolución por la cual se autorizan en materia de impacto ambiental los proyectos Gran Solaris Cancún, a un costado de Playa Delfines; Hotel Riviera Cancún, en Punta Nizuc y Hotel Grand Islad Cancún, en el kilómetro 16.5 del bulevar Kukulcán, debido a que dichas obras presentan diversas irregularidades. Atenea Gómez resaltó que es importante llevar a cabo el juicio de lesividad, como vía legal que tienen las autoridades para revertir resoluciones emitidas por ellas mismas a favor de un particular, que se consideran contrarias a la ley y que causan un perjuicio al estado, porque de lo contrario el peligro seguirá latente.
“La manifestación de impacto ambiental de esos proyectos dura diez años, por lo cual aunque las autoridades municipales hayan revocado sus permisos de construcción, una futura administración puede volver a emitirlos, por eso es necesario el juicio de lesividad”, asentó.
La diputada de Acción Nacional presentó también en Pleno un punto de acuerdo en el que exhorta a sus compañeros legisladores a realizar en comisiones el estudio y análisis de estos tres proyectos, así como el actuar de las autoridades municipales, enfatizando que el desarrollo de Quintana Roo tiene que garantizar la certeza jurídica en los inversionistas, pero cuidando siempre la sustentabilidad.
Atenea Gómez enfatizó que en Quintana Roo nunca más se debe aprovechar de una infraestructura que le ha costado miles de millones de pesos al Estado Mexicano para sacar provecho.
“No podemos continuar en modelos de negocios basados en la violación a las normas en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente, construcción, seguridad social y fiscales”.
La diputada del blanquiazul refirió que el modelo que se impuso en Quintana Roo a base de corrupción y de privatizar los beneficios del turismo no debe prevalecer nunca más.
“La inversión sí debe venir al Estado, generar certeza jurídica al inversionista es tan importante, como hacer las cosas de acuerdo a la ley, buscando generar beneficios para las y los trabajadores y habitantes y con total respeto al medio ambiente”, agregó.
