México, 29 enero; poderycritica.-Arely Gómez, procuradora general de la República Mexicana, dijo que el Estado mexicano ya no se conforma con la sola detención de los líderes del crimen organizado, sino que también juega por golpear la estructura financiera de sus organizaciones, esto a partir de ampliar y fortalecer la extinción de dominio, para que se aplique a nivel federal y estatal e incluya la pérdida de propiedades.
“La detención de los grandes delincuentes, de las cabezas de las bandas delictivas de más alto nivel no es suficiente para lograr realmente lo que quiere el Estado mexicano, que es debilitarlos. Hay que rescatar la estructura financiera de los mismos, por lo cual la PGR necesita como herramienta esta reforma a la figura de la extinción de dominio”, dijo.
La procuradora mencionó a los senadores del PRI que la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluyeron el proyecto de iniciativa para reformar esta figura jurídica y hacerla más efectiva. Comienza en este momento la fase de preguntas y respuestas.
En un ejercicio inédito de máxima transparencia, el grupo parlamentario del PRI en el Senado abrió totalmente las reuniones con los secretarios de Estado y la procuradora, quien planteó a los legisladores federales que la Federación va por una etapa más ambiciosa en el combate contra el crimen organizado.
Les informó que desde el gobierno de la República se ha decidido potenciar la figura de Extinción de Dominio, con el fin de debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
“Les comparto: la Procuraduría General de la República (PGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha elaborado un anteproyecto de iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio, el cual consta de tres aspectos estructurales.
“Primero, se propone suprimir de la fracción segunda del artículo 22 de la Constitución, el catálogo que describe los delitos en los que será procedente la extinción de dominio, con lo que se permitirá la homologación de la normatividad, tanto a nivel local como a nivel federal.
“Segundo, se propone que la extinción de dominio no solamente proceda en aquellos bienes que de forma directa sean instrumento , objeto o producto de una actividad ilícita, sino también sea considerada la pérdida de la propiedad.
“Tercero, se toma en consideración que igualmente serán bienes sujetos a la extinción de dominio aquellos que representen un incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos, particulares y personas jurídicas, cuando éstas no acrediten su origen lícito, lo que representa una acción adicional en contra de la corrupción”, detalló la procuradora general.
Añadió que este anteproyecto de reforma constitucional se complementa con un paquete de modificaciones a la Ley Federal de Extinción de Dominio, con el objeto de reforzar las herramientas del Ministerio Público para combatir el delito.
Otras de las reformas complementariamente que necesita la PGR son las que permitirán la operatividad del nuevo sistema de justicia penal son: la Ley Nacional de Ejecución de Penas y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes.
Propuestas
- La PGR propone suprimir de la fracción segunda del artículo 22 de la Constitución el catálogo que describe los delitos en los que será procedente la extinción de dominio, con lo que se permitirá la homologación de la normatividad, tanto a nivel local como a nivel federal.
- Se propone que la extinción de dominio no solamente proceda en aquellos bienes que de forma directa sean instrumento, objeto o producto de una actividad ilícita, sino también sea considerada la pérdida de la propiedad.
- Se toma en consideración que igualmente serán bienes sujetos a la extinción de dominio aquellos que representen un incremento patrimonial injustificado de los servidores públicos, particulares y personas jurídicas, cuando éstas no acrediten su origen lícito, lo que representa una acción adicional en contra de la corrupción.
- Este anteproyecto tiene como objeto reforzar las herramientas del Ministerio Público para combatir el delito.
