CDMX | Tras las críticas por haber nombrado a Jorge Luis Lavalle como secretario en el gobierno de Campeche, la gobernadora Layda Sansores lo defendió y aseguró que es un “chivo expiatorio”, porque “no le han comprobado nada”.
Al participar en una reunión con trabajadores del Senado, la mandataria aseveró que pese a los señalamientos en contra del exlegislador, quien estuvo preso de forma preventiva por su presunta participación en el caso Odebrecht, continuará en su cargo en el estado.
Además, mencionó que no le había informado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el cargo que al exlegislador, ya que esta mañana la mandataria federal aseguró que ella no hubiera contratado a Jorge Luis Lavalle.
“Todavía yo no le había podido informar y cuando lo hice, le dije cuáles son mis razones”, mencionó.
También señaló que el caso de Odebrecht se debe resolver, pero no “con chivos expiatorios” y aseveró que no le han podido demostrar nada.
“A dónde están las pruebas. Yo tengo mis razones y lo sostengo”.
El pasado 3 de diciembre, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció el nombramiento del exlegislador y le deseó éxito en su nueva labor.
“Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche”, escribió desde sus redes sociales.
Mientras, el ahora secretario estatal comentó que desde hace muchos años comparte con Layda Sansores “convicciones y anhelos sobre el futuro que merece Campeche y los campechanos”, y dijo que la gobernadora le dio instrucciones de atender a los empresarios locales, impulsar las inversiones, la generación de empleos y la transición energética.
En 2021, detuvieron al exsenador Jorge Luis Lavalle al ser señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, cargos relacionados por haber recibido presuntamente sobornos para aprobar la reforma energética Enrique Peña Nieto.
Esta acusación la hizo Emilio Lozoya Austín, expresidente de Pemex, quien además dijo que el dinero provenía de la empresa brasileña Odebrecht.
Un año después le concedieron libertad provisional. En esa ocasión le colocaron un brazalete electrónico; además, que tuvo que entregar su pasaporte y le prohibieron salir del país.
