PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el retiro de aproximadamente 700 marines que fueron desplegados en Los Ángeles durante el mes de junio, en respuesta a las protestas generadas por las redadas migratorias impulsadas por el gobierno del entonces presidente Donald Trump.
La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial del Pentágono, en el que se señaló que la retirada de las fuerzas será efectiva la noche del martes. Según el portavoz Sean Parnell, “con el regreso de la estabilidad a Los Ángeles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado el redespliegue de los marines, cuya presencia envió un mensaje claro: no se tolerará la anarquía”.
Los marines fueron enviados junto con más de cuatro mil elementos de la Guardia Nacional, a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambas autoridades expresaron en repetidas ocasiones su desacuerdo con la militarización de la ciudad, argumentando que dicha presencia no solo no ayudó a contener la situación, sino que aumentó las tensiones.
El secretario Hegseth ya había ordenado la salida de dos mil efectivos de la Guardia Nacional el pasado 15 de julio. Con la nueva disposición, aún restan por retirarse otros dos mil elementos.
Parnell reconoció el papel de las fuerzas armadas destacadas en la ciudad, señalando que “la rápida respuesta de los marines, su disciplina inquebrantable y presencia inconfundible fueron clave para restablecer el orden y defender el Estado de Derecho”.
Los Ángeles se convirtió en una de las ciudades con mayores manifestaciones tras las redadas migratorias promovidas por el gobierno federal. Las acciones del ICE, que incluyeron operativos en zonas agrícolas y tiendas comerciales, provocaron indignación entre activistas y ciudadanos que defendieron a trabajadores sin antecedentes criminales.
Las autoridades locales reiteraron que Los Ángeles es una «ciudad santuario» y reafirmaron su compromiso con la protección de los migrantes frente a políticas federales que, consideran, promueven la discriminación y la criminalización de comunidades vulnerables.
