Ciudad de México. Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron en el Senado iniciativas para retirar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar funcionarios sin el aval del Consejo General, luego de los señalamientos de presunta corrupción registrados durante la gestión de Guadalupe Taddei y su posterior renuncia.
El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, y el morenista Javier Corral señalaron que, por tratarse de un asunto administrativo, sus propuestas pueden dictaminarse de inmediato, sin esperar a que concluyan los comicios de junio de 2027. Consideraron que, por su naturaleza administrativa, las iniciativas no estarían sujetas a la prohibición constitucional que impide realizar modificaciones a las leyes electorales durante un proceso comicial en curso.
Las propuestas coinciden en reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), reformado en octubre de 2024 por Morena y sus aliados para dotar a la presidencia de los llamados «superpoderes». Esa reforma permitió a Taddei designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, eliminando el requisito de mayoría calificada de 8 de 11 votos del Consejo General.
La propuesta de Morena y MC, suscrita por Susana Harp, Amalia García y Javier Corral, plantea restablecer la participación colegiada en el nombramiento de funcionarios del INE y evitar que se repitan presuntos actos de corrupción. El documento sostiene que la reforma de 2024 concedió atribuciones discrecionales sin garantizar el cumplimiento de requisitos legales, como el caso de Mario Alberto Alejo García, nombrado el 22 de abril de 2026 al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización pese a no cumplir con cinco años de experiencia directiva exigidos por el artículo 197.
Por su parte, el PAN presentó dos iniciativas, una de Ricardo Anaya, Marko Cortés y Guadalupe Murguía, y otra de Lilly Téllez. Proponen limitar la facultad de la presidencia a solo proponer candidaturas y plantean un régimen transitorio para que el Consejo General realice en 30 días naturales un procedimiento extraordinario de revisión de los nombramientos efectuados desde octubre de 2024, evaluando legalidad, idoneidad y desempeño, sin remociones automáticas.
La cuarta iniciativa proviene del PRI, suscrita por Alejandro Moreno, Manuel Añorve y Carolina Viggiano, que busca reformar los artículos 45, 48 y 52 de la ley electoral para restituir la decisión colegiada al Consejo General, acotar a la Junta General Ejecutiva y establecer un procedimiento normado con plazos y candidaturas alternativas.
Movimiento Ciudadano también interpuso una iniciativa en la Cámara de Diputados a través de Juan Ignacio Zavala para que la presidencia vuelva a proponer perfiles y sea el Consejo quien apruebe.
Las bancadas coinciden en que es necesario devolver los contrapesos al árbitro electoral, luego de que la concentración de poder derivó en señalamientos por contratos a modo, nombramientos sin experiencia y presuntos desvíos.
