PODER Y CRÍTICA | No hay ganancias para el municipio pero sí protestas sociales, amparos y señalamientos de corrupción por los parquímetros en el corazón de la zona turística de Playa del Carmen, una herencia y negocio de Cristina Torres Gómez, alcaldesa de Solidaridad de 2016 a 2018, quien autorizó su instalación y operación a favor “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V.”, por un plazo de hasta 15 años.
Cabildeado en lo oscurito, pues Cristina Torres recibía instrucciones superiores, el Ayuntamiento de Solidaridad y la concesionaria Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V, anunciaron que a partir del 1 de diciembre de 2019 se tendría que pagar por estacionarse en el centro de Playa del Carmen.
En aquella ocasión Alfredo Paz Cetina, secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, acompañado de Diego Grácidas Martínez, representante de la empresa mencionada, informaron que 10 elementos de Tránsito Municipal serían los encargados de vigilar que la gente pagará a los parquímetros 10 pesos por hora de estacionamiento, en caso contrario, las multas serían superiores a los 580 pesos.
“Lo que estamos obligados en esa concesión es que por cada cuatro pesos que se recaude en materia de parquímetros, un peso será para el municipio y tres para el concesionario, eso está estipulado en la concesión”, comentó Paz Cetina.
Decían que de esta manera esperaban obtener un recurso de más de 80 millones de pesos anuales que serían ocupados para realizar diversas actividades de mejora de calles y avenidas de la ciudad.
Ese mismo día en la madrugada un parquímetro fue incendiado en la calle 3 Sur, entre calles 30 y 35; el ayuntamiento minimizó la protesta y Diego Grácidas comentó que como el aparato no registró daño alguno, no hubo necesidad de levantar la denuncia ante autoridades ministeriales. A toda costa había que acallar las protestas de la ciudadanía inconforme.
A la par, los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial, esperaban la resolución legal de tres amparos que buscaban para no pagar el servicio, el resolutivo les fue desfavorable.
Hoy sabemos que no lograron recaudar los 80 millones de pesos, solo se han generado 20 millones de pesos en ingresos desde su implementación, reveló el síndico municipal, Adrián Pérez Vera quien ya solicitó auditar a esta empresa.
El funcionario indicó que en 2019, cuando entraron en operación los parquímetros generaron 221 mil pesos; en 2020, el monto fue de 6 millones 800 mil pesos; en tanto que en lo que va de 2021, ya suman 12 millones 256 mil pesos.
Estos recursos incluyen no solo el dinero que pagan quienes se estacionan en el primer cuadro de la ciudad, sino también las multas y las inmovilizaciones. El ayuntamiento se queda con la totalidad de las multas y recibe un 25% del ingreso por parquímetros y por el retiro de las “arañas”.
En 2021, comentó, hubo 5 millones de pesos por multas; 5 millones 540 mil pesos por el pago de parquímetros y un millón 490 mil pesos por las inmovilizaciones.
Esto significa que de los 12 millones de pesos de ingresos este año, poco más de la mitad, o 6.7 millones de pesos, fueron a las arcas municipales.
Lilí Campos Miranda, actual alcaldesa comentó sobre la recaudación que hace la empresa y que es entregada al ayuntamiento, «el recurso económico que se captó durante la pasada administración se encuentra en revisión, principalmente porque desconocen el paradero de 16 millones de pesos en este rubro».
Las protestas en las Redes Sociales en contra del uso de los parquímetros es constante, ante ello la nueva administración del Ayuntamiento de Solidaridad quiere retirar los parquímetros de las colonias Zazil-há y Luis Donaldo Colosio Murrieta, por ser zonas con poco tránsito turístico y de mayor uso habitacional popular.
La propuesta se presentó a la empresa Playaparq en busca de modificar la relación contractual actual ya que en ambas colonias hay un aproximado de 400 cajones con parquímetros, que se suman a más de cuatro mil que hay en toda la ciudad, sin embargo la empresa a mostrado negativas a ello.
LOS OSCUROS INTERESES DE CRISTINA TORRES EN LA CONCESIÓN DE LOS PARQUÍMETROS…
Mucho se ha señalado en torno a la concesión de los parquímetros en el centro de Playa del Carmen, pero sobre todo, quiénes son los verdaderos dueños de “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V.” y que intereses políticos y de silencio mantiene Cristina Torres ante dicha concesión.
Lo que si es público y criticable ante la honestidad que presume la ahora diputada morenista, es su fortuna personal que cada día crece y es contraria a los principios del partido en el que se refugió para servir a intereses que nada tienen que ver con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Ya todos conocen la doble moral de María Cristina Torres Gómez que se ha servido de sus cargos públicos para amasar una fortuna, que incluye varias cuentas bancarias, casas, terrenos, vehículos de lujo, joyas y hasta cuadros.
«De extracción priista-panista, como muchos otros políticos de la autollamada Cuarta Transformación, Torres Gómez es conocida por su cercanía con el exgobernador Roberto Borge Angulo, a quien acompañaba durante sus mítines en busca del beneficio político, y a quien posteriormente traicionó, para buscar la presidencia municipal de Solidaridad por el blanquiazul, en 2016», narra este día en su portal Sol de Quintana Roo.
«Su gobierno estuvo plagado de irregularidades y malos manejos de los recursos públicos, al grado que fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, por beneficiar a 17 empresas fantasma con contratos de obra pública, en agravio de las arcas municipales». Detalla el medio.
Además consigna que Cristina Torres desapareció documentos y contrató prestanombres para despojar a familias de sus lotes en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, de la mano de Arturo Regalado Hendricks, sobrino del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz y actual Oficial Mayor en el municipio de Othón P. Blanco, además de haber inflado el contrato de arrendamiento de 30 patrullas tipo pick up, el cual ascendió a 21 millones 330 mil 840 pesos por sólo dos meses.
La legisladora con fuero ahora disfruta tranquilamente de su fortuna, la cual, de acuerdo con su declaración patrimonial de 2021, se compone de un ingreso mensual neto de 7 millones 18 mil 488 pesos, 7 bienes inmuebles, 6 vehículos, 10 cuentas bancarias y colecciones.
Entre sus bienes inmuebles destaca un terreno de 600 metros cuadrados con un valor de 4 millones 399 mil 200 pesos y una casa con terreno de 650 metros cuadrados y construcción de 272 metros cuadrados cuyo costo es de 2 millones 121 mil 190 pesos.
A estas propiedades se suman una casa de 95 metros cuadrados con valor de un millón 200 mil pesos; una más de 121 metros cuadrados de 650 mil pesos; así como un terreno de 983 metros cuadrados, de 16 mil 742 pesos, uno más de 900 metros cuadrados de 52 mil pesos, y uno de 270 metros cuadrados de 60 mil pesos.
De sus vehículos, destaca una camioneta X5 Xdrive 40IA año 2019, con valor de un millón 200 mil pesos; un Mazda MX5 I Grand T 2017, con valor cercano al medio millón de pesos y una camioneta Ford Lobo 2019, con costo de 472 mil 400 pesos; una Suzuki Ciaz 2019 de 279 mil 990 pesos; una moto Piaggio MP3 300, de 154 mil 500 pesos y un Nissan Sentra 2019 de 321 mil 600 pesos.
«Dentro de su hogar ostenta un cuadro del Quijote de la Mancha, el cual adquirió por 843 mil 700 pesos; una lavadora-secadora de 32 mil 299 pesos; electrodomésticos por 350 mil pesos, artículos de línea blanca, por 48 mil pesos; una estufa de 65 mil pesos y muebles y televisores por 125 mil pesos….Si esto no fuera suficiente, la faraónica diputada presume joyas por un valor de un millón 753 mil 850 pesos y hasta bolígrafos de colección, con valor de 93 mil 670 pesos», consignó este día Sol de Quintana Roo
En los corrillos de la política local se comenta que Cristina Torres es socia de los verdaderos dueños de “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V.”, por eso ella operó en la clandestinidad la concesión y repartió mucho dinero entre sus Regidores. Tenía poder e instrucciones superiores para hacerlos, mientras tanto, las protestas seguirán ante el abuso del cobro por estacionarse en el centro de Playa del Carmen, cobro que no afecta al turismo internacional, afecta y en gran medida a los comerciantes de la zona y al turismo nacional…Falta poco para que la concesión sea revocada.