PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, derivadas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.
En el caso de la denuncia penal interpuesta ante la FGR, los legisladores panistas señalaron directamente a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina; Raymundo Pedro Morales Ángeles, ex director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual titular de la Secretaría de Marina; y Octavio Sánchez Guillén, actual director del Corredor Interoceánico.
También fueron incluidos Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán, por su presunta relación con los hechos investigados.
De acuerdo con el PAN, los señalados podrían haber incurrido en tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción, ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad, además de otros delitos que pudieran desprenderse del desarrollo de las investigaciones.
De manera paralela, la denuncia presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita la revisión exhaustiva de las auditorías internas y el manejo de los recursos públicos destinados a la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluyendo el tramo ferroviario involucrado en el accidente.
Asimismo, se pidió a la Auditoría Superior de la Federación realizar una fiscalización especial para determinar si existieron irregularidades financieras, omisiones técnicas o actos de negligencia que hayan contribuido al descarrilamiento.
Los legisladores panistas señalaron que el objetivo de estas acciones es esclarecer responsabilidades, garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos y evitar que hechos de esta naturaleza queden impunes, especialmente en proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del país.
