Ciudad de México, Jueves 10 de Septiembre de 2020, poderycrítica.- La Secretaría de Gobernación informa que, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y en cumplimiento al mandato presidencial para fortalecer el cuidado de los litorales y puertos, se suma a las tareas y acciones encaminadas al reforzamiento de las estrategias interinstitucionales para la salvaguarda de las fronteras marítimas de la República Mexicana.
En el marco de las atribuciones y responsabilidades que le confiere la Ley de Migración y su reglamento, el INM redoblará la coordinación y comunicación con los distintos mandos de las zonas portuarias, con la finalidad de contribuir a evitar la corrupción, intensificar la vigilancia, así como detener en las áreas de ingreso y salida del país el tráfico ilegal de personas, el contrabando de mercancías, sustancias ilegales y evasión de aranceles.
Para ello, esta autoridad migratoria se suma a la reorganización integral de gestión en los puertos de México, en la que unen esfuerzos las secretarías de Marina-Armada de México, de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; así como las Administraciones Portuarias Integrales Federales y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras instancias gubernamentales.
Como parte de estas acciones, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, ha sostenido en las últimas semanas reuniones de trabajo con autoridades responsables y administradores portuarios de los estados de Jalisco, Colima, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Cabe mencionar que el INM es responsable de mantener una migración segura, ordenada y regular a través de los 194 puntos de internación a México, de los cuales 67 son marítimos, 65 aéreos y 62 terrestres.
Por las zonas marítimas se han registrado hasta 5 millones de ingresos anuales de personas con estancia regular, lo que representa un promedio del 13 por ciento del total; 73 por ciento vía aérea y 14 por ciento por rutas terrestres.
El Instituto Nacional de Migración refrenda su compromiso para combatir y evitar la corrupción y aquellos delitos relacionados con el ingreso a territorio mexicano mediante la interacción entre dependencias del Gobierno de México en las fronteras marítimas del país.
