Ciudad del Carmen, Camp., 18 de mayo de 2026.- A dos años de que el Ayuntamiento de Carmen, encabezado por Pablo Gutiérrez Lazarus, anunciara la compra de 10 autobuses eléctricos para el programa “Amor por Carmen” con una inversión de 30 millones de pesos, la administración municipal sigue sin aclarar el destino detallado de los recursos ni presentar comprobación del gasto ante la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam).
Las primeras cinco unidades llegaron a la isla en abril de 2024, procedentes del puerto de Veracruz, y fueron presentadas como parte de un sistema de transporte público que operaría bajo la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico. El alcalde prometió tarifas menores a las del transporte convencional, cobro con tarjetas inteligentes y rutas nuevas hacia zonas sin cobertura. Sin embargo, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) confirmó que el municipio carece de concesión para prestar el servicio, por lo que los camiones operan en la ilegalidad desde 2024.
A pesar de las advertencias de Artec y de un ultimátum de 45 días emitido en 2024 para que el Ayuntamiento regularizara la situación, hasta hoy no hay constancia pública de permisos, contratos de adquisición, licitaciones o bitácoras de mantenimiento. Transportistas locales acusan que Gutiérrez Lazarus incumplió el acuerdo firmado el 2 de mayo de 2024, donde se comprometía a no poner en marcha las unidades sin consenso con concesionarios.
La opacidad se suma a un historial de observaciones: entre 2022 y 2024, la Asecam inició 35 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra el Ayuntamiento y sus organismos descentralizados. Solo en ese trienio, las cuentas públicas de Carmen acumulan observaciones por 170.4 millones de pesos. Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió el expediente 029/2026 para revisar el uso de recursos municipales de 2020 a 2026.
Vecinos y concesionarios exigen conocer facturas, proveedores y criterios de adjudicación de los 30 millones destinados a “Amor por Carmen”. Mientras tanto, las unidades circulan sin certeza jurídica, y el gasto sigue sin transparentarse. El Ayuntamiento no ha respondido a las solicitudes de información ni a los requerimientos de Artec, que ya advirtió que los gobiernos municipales no pueden operar transporte público sin concesión estatal.
A dos años del anuncio, la promesa de movilidad moderna contrasta con la falta de rendición de cuentas y la operación irregular de un proyecto que costó 30 millones del erario.
