PODER & CRÍTICA | REDACCIÓN | El senador Gerardo Fernández Noroña ha anunciado que llevará su defensa hasta la última instancia tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que lo declaró responsable de cometer violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
En una postura frontal, el legislador de Morena calificó la sentencia como un instrumento de desprestigio diseñado para frenar su carrera política en un momento clave.
«Un San Benito para frenarme»
Durante una de sus habituales video charlas, Fernández Noroña no titubeó al señalar que la resolución tiene un trasfondo que va más allá de lo jurídico. Según el senador, el objetivo real de esta sentencia es construir una narrativa —un «San Benito», en sus palabras— para estigmatizarlo y, específicamente, bloquear sus aspiraciones para presidir nuevamente la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo legislativo.
«Van a hacer un campañón para golpear», advirtió Noroña, denunciando que sus adversarios están utilizando las instituciones electorales para minar su legitimidad y capacidad de competencia.
La estrategia jurídica: Rumbo a la Sala Regional
Lejos de aceptar la sanción impuesta por el tribunal local —que incluye su inscripción en el padrón de personas sancionadas por violencia política por un periodo de seis meses—, el senador adelantó que recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con esta acción, Noroña busca revertir la decisión unánime del tribunal michoacano, argumentando que se ha vulnerado su derecho a la defensa y que la interpretación de sus actos por parte de las autoridades locales es excesiva y motivada políticamente.
El trasfondo del conflicto
La resolución del TEEM, que dictaminó por unanimidad la responsabilidad del senador, se basa en declaraciones y acciones que, según el tribunal, constituyen violencia contra la alcaldesa Quiroz. Sin embargo, para Fernández Noroña, esto es una pieza más en un esquema de persecución que, asegura, busca alejarlo de los espacios de alta dirección en la Cámara Alta.
El senador sostiene que seguirá el mismo camino jurídico que utilizó la alcaldesa para llevar el caso a tribunales, confiando en que las instancias federales analizarán el fondo del asunto sin la carga política que, según acusa, permeó en la decisión estatal.
