“A quien comete un delito se le tiene que aplicar la ley”, sentenció el gobernador Javier May Rodríguez al fijar postura sobre el caso del exfuncionario Alfonso Baca, señalado en indagatorias vinculadas a la presunta red de La Barredora, que operó bajo la administración de Adán Augusto López.
En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, May insistió en que su gobierno no encubre ni negocia impunidad, en un momento donde el expediente que rodea a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de liderar ese grupo criminal, ha escalado hasta la Fiscalía General de la República y mantiene detenido al exmando en el penal del Altiplano desde su captura en Paraguay en 2025.
El mandatario morenista remarcó que desde el inicio de su administración han sido detenidas más de mil 500 personas, todas vinculadas a proceso, sin liberaciones por puerta giratoria. “Aquí no hay impunidad para nadie, de adentro o de afuera. Por muy dura que sea la verdad, se tiene que saber”, sostuvo al defender los principios de no robar, no mentir y no traicionar.
Cuestionado sobre Alfonso Baca, exdirector administrativo cercano a Bermúdez y mencionado por su presunta participación en desvíos y extorsiones, May evitó litigio mediático y dejó el caso en manos de la Fiscalía estatal y la FGR, que integran tres carpetas por asociación delictuosa, secuestro, extorsión, peculado y desaparición forzada, con petición de hasta 154 años de prisión en una de ellas.
“El Ejecutivo no litiga temas penales”, respondió. “Serán los jueces quienes determinen si hay culpabilidad o presunción de inocencia. Nosotros no prejuzgamos”. Recordó que el senador Adán Augusto López ya dijo que comparecerá si es requerido.
Finalmente reiteró que el combate es contra todos los grupos, no solo uno, con golpes económicos como el decomiso de 1.2 millones de litros de huachicol.
