“Sí o sí seguirá operando”, advirtió la gobernadora Rocío Nahle García al confirmar que su administración impedirá el cierre definitivo del Ingenio San Pedro, anunciado el 5 de agosto por Grupo Azucarero San Pedro, de la familia Porres, por presunta inviabilidad económica.
La factoría, que arrastra desde la privatización con Vicente Fox, es el motor de Los Tuxtlas. Su cierre dejaría sin sustento a mil 200 empleados directos y a más de cinco mil familias en Ángel R. Cabada, Saltabarranca y Lerdo de Tejada, entre cortadores, transportistas y comercios que dependen de la zafra.
El aviso tomó por sorpresa al gobierno estatal. Según Nahle, la empresa notificó a trabajadores y proveedores que liquidaría prestaciones, pero no al estado. La gobernadora calificó la decisión como irresponsable y reveló que buscó al dueño para revisar balances, pero “no está en el país. Raro, ¿verdad? Cierras algo y te vas”, dijo en conferencia.
Desde entonces montó mesas de diálogo en el propio ingenio. El 10 y 13 de agosto recorrió molinos y turbinas con los secretarios Ernesto Pérez Astorga y Miguel Reyes, verificó que la maquinaria funciona y propuso permitir el ingreso inmediato del personal para mantenimiento mientras se resuelven salarios atrasados. Ordenó al DIF estatal entregar canastas alimentarias a obreros de planta y eventuales.
La ruta para rescatarlo ya escaló a nivel federal. Nahle confirmó contacto con el secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora para diseñar incentivos o subsidios, y con Economía, y llevará el caso a la presidenta Claudia Sheinbaum. No descartó cambio de operador si Grupo Porres no quiere seguir: “No podemos obligar a un empresario a quedarse, pero sí podemos hacer otras cosas. Vamos a encontrar inversionistas”.
El argumento local es que parte de la crisis viene del ingreso ilegal de azúcar que deprime precios, además de presuntas extorsiones municipales que la autoridad investiga.
“Una vez que cierra una infraestructura así es muy difícil volverla a arrancar”, insistió Nahle.
