El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 709 millones 874 mil 572 pesos concentrado en los gobiernos municipales, lo que representa el 98.3 por ciento del total observado en la Cuenta Pública 2025, correspondiente al último año de las administraciones municipales 2022-2025 y al primer año del gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García.
De acuerdo con el Informe General Ejecutivo, las auditorías financieras y técnicas a la obra pública arrojaron observaciones por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos en 181 ayuntamientos, a los que se suman 6 millones 573 mil 40 pesos por incumplimientos relacionados con deuda pública, obligaciones y disciplina financiera en seis municipios.
Tantoyuca encabeza la lista con el mayor monto pendiente de aclaración con 148 millones 427 mil 493 pesos, seguido por Santiago Tuxtla con 86 millones 469 mil 239 pesos, Ixhuatlán de Madero con 70 millones 225 mil 548 pesos, Coscomatepec con 69 millones 280 mil 259 pesos y Catemaco con 64 millones 713 mil 338 pesos. Otros municipios señalados son Acayucan, Agua Dulce, Coatzintla, Isla y Coscomatepec, con montos que oscilan entre los 44 y 63 millones de pesos.
De los 212 municipios del estado, 30 no presentaron señalamientos por probable daño patrimonial, aunque sí inconsistencias administrativas, mientras que El Higo quedó fuera del dictamen por entregar su Cuenta Pública fuera del plazo establecido.
Además, los organismos paramunicipales acumularon observaciones por 42 millones 156 mil 725 pesos en 14 entidades, principalmente vinculadas al suministro de agua potable y saneamiento, donde la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos registró el mayor monto con 19 millones 354 mil 711 pesos.
La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó el dictamen con 41 votos a favor y 7 en contra. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, aclaró que la aprobación no implica impunidad y que corresponderá al ORFIS y a la Fiscalía General del Estado continuar con los procedimientos legales para recuperar los recursos y fincar responsabilidades.
