PODER Y CRÍTICA | REDACCIÓN | El partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció un presunto aumento ilegal en el cobro del impuesto predial en el municipio de Monterrey, luego de que ciudadanos detectaran incrementos de hasta 24 por ciento en zonas habitacionales y 31 por ciento en áreas comerciales e industriales.
De acuerdo con la coordinadora de la bancada de MC, Sandra Pámanes, el incremento corresponde a una actualización de valores catastrales aprobada para 2025, pero que no entró en vigor en ese año, por lo que su aplicación en 2026 carecería de sustento legal.
La legisladora explicó que el Ayuntamiento solicitó en 2024 la actualización catastral para aplicarse en 2025, la cual fue aprobada por el Congreso local; sin embargo, el decreto fue vetado inicialmente por el gobernador Samuel García y avalado posteriormente, cuando la mayoría de los contribuyentes ya había cubierto el impuesto predial. Ante ese escenario, el municipio decidió no aplicar el aumento en su momento.
Pámanes sostuvo que, para aplicar nuevamente el incremento, el Ayuntamiento debió presentar una nueva solicitud ante el Congreso, lo cual no ocurrió. Por ello, calificó la medida como “completamente ilegal” y exhortó a los ciudadanos a revisar sus estados de cuenta, no realizar el pago y recurrir al amparo ante instancias federales.
La diputada señaló que, ante la falta de actualización de valores catastrales para 2026 —derivada de la ausencia de un presupuesto aprobado—, el municipio habría optado por aplicar una autorización que ya no tiene vigencia legal.
Ante esta situación, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano informó que analizará posibles sanciones contra el Ayuntamiento de Monterrey, al considerar que se trata de un abuso de autoridad en perjuicio de la ciudadanía.
Finalmente, Pámanes defendió la reconducción presupuestal del gobierno estatal para 2026, al asegurar que se trata de un mecanismo constitucional que permite garantizar la continuidad de los servicios públicos. Asimismo, criticó el presupuesto aprobado únicamente por PRI y PAN, al señalar que presenta deficiencias y no cumple con los principios de eficiencia financiera ni de equilibrio fiscal.
